La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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pesar de atacar un concepto de gran interés: la falta de “moralidad administrativa”, es decir
el abuso de poder fruto de la connivencia entre poder político y poder económico.
Hemos de insistir en el carácter recurrente de la desamortización en la memoria del
común por sus valores que analizaremos al ver cómo ésta perjudicó al campesinado y del
que las peticiones de rescate de comunales suponen una buena muestra. De ese “negocio”
daba cuenta durante el debate sobre la ley de Reforma Agraria de la II República el diputado
cacereño y miembro de la Comisión que elaboró la misma Juan Canales, quien atribuía el
atraso general de la región al...
“...efecto de no haberse producido todavía en ella la revolución burguesa y la abundancia de terratenientes,
aquellos a los que no nos hemos podido dirigir aún para preguntarles sobre el origen adquisitivo de sus
enormes fincas (...)habiendo comprado durante los muchos años que duró la venta de bienes nacionales
cien hectáreas de terreno tienen, en realidad 5000, mientras otros, que tienen registradas y amillaradas sólo
200 son dueños absolutos de casi 10000” 126 .
Las palabras de Canales obviaban algo que nuestra historiografía ya presenta como
superado: que esa fue realmente la revolución burguesa, al menos en su vertiente
económica, pero llamaba la atención sobre una realidad palmaria, como era el abuso de los
poderosos ante la ausencia de un catastro que hubiera conllevado un sistema fiscal
mínimamente progresivo.
No se puede acusar al diputado Juan Canales de ignorancia o falta de base en los
datos que resumía, ya que se contaba con las miles de cartas que los pueblos enviaron a la
Comisión Técnica Agraria del Ministerio de Trabajo en 1931 sobre los posibles despojos que
hubieran sufrido en sus bienes propios y comunales. Por referirnos especialmente a esos
grandes propietarios a los que nos venimos remitiendo podemos ejemplificar con los casos
del Marqués de Comillas y de la Romana. Así encontramos como esa documentación
constata escándalos como la venta irregular del vuelo de la dehesa boyal de Navalmoral de
la Mata al Marqués de Comillas, a pesar de existir sentencias judiciales pronunciándose en
sentido contrario 127 o la usurpación al pueblo moralo de 3200 fanegas de la misma. En la
misma dirección, la corporación de Navalvillar de Ibor escribe a Largo Caballero expresando
cómo las dehesas de los propios de esa villa desamortizadas aparecían como nuevas
posesiones del Marqués de la Romana. Alcalde y concejales se sorprenden de que su
amillaramiento se hiciera tan sólo en función de la existencia de monte bajo, jaras y brezos
cuando en realidad fueron fructífera fuente de traviesas para el ferrocarril y de inmensas
sacas de corchos gracias a su rico alcornocal 128 .
Otro asunto nada desdeñable del negocio está constituido por la ambigua
interpretación del texto de 1855. En lugar de salir a subasta de modo fraccionado, las
dehesas fueron puestas en venta como unidades completas. Como constatara Jiménez
Blanco para Jerez de la Frontera, esto “propició el surgimiento o acrecentamiento de la gran
propiedad en manos de los más ricos” 129 .
126
Extraído del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1932 y citado por GARCÍA PÉREZ (1994): Op. Cit., pág.
10.
127
ADGDR. Fondo Comunales, legajo 45, escrito de la corporación de Navalmoral de la Mata a la Comisión Técnica
Agraria de 27 de junio de 1931.
128
Ibídem, Caja 43, carta del ayuntamiento de Navalvillar de Ibor al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo D. Francisco Largo
Caballero de 29 de septiembre de 1931. Ya SÁNCHEZ MARROYO (1993): Op. Cit., pág. 121, llamó la atención sobre la
infravaloración tributaria de fincas de montaña, coincidiendo el propietario ya que se refería a las posesiones del mismo
Pedro Caro, Marqués de la Romana en el pueblo de Cabañas.
129
JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio (1996): Privatización y apropiación de tierras municipales en la Baja Andalucía:
Jerez de la Frontera, 1750-1995. Jerez de la Frontera: Ayuntamiento, pág. 21.