La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Justo en ese momento, Merino Pérez llamaba la atención en una obra dedicada a esta
cuestión del rescate sobre lo peligros de la confusión de propios y comunes, viendo un
trasfondo de manipulación, de nacionalización encubierta por parte de la FNTT 555 . Parece
que no se debe ni se puede desligar este proyecto de reconstitución masiva del patrimonio
comunal del de la vía de los arrendamientos colectivos preconizada por el sindicato
socialista. Merino considera inviable la restitución ya que si hubo despojo violento, habría
que recurrir a la vía civil; si el Estado legitimó las ventas de bienes nacionales fue porque
quiso. Además, se refiere a los peligros de la retroactividad del “despojo” de comunales,
para concluir de manera apocalíptica en “que esto es un disfraz del comunismo” 556 .
Sea como fuere, hasta el nuevo impulso durante el Gobierno del Frente Popular, los
proyectos de ley de rescate no llegaron ni siquiera al dictamen de la Comisión de
Agricultura, lo que apagó las grandes esperanzas de los pueblos de mitigar el paro agrario
con una medida estructural que de alguna manera “nacionalizara” las tierras por legitimidad
histórica y solucionara de forma definitiva la crisis laboral mediante arrendamientos
colectivos.
Pero la cuestión de los comunales no cayó en el olvido, ya que entre los fondos de
Comunales del Archivo de la Dirección General de Desarrollo Rural se observa el trabajo de
la subcomisión de Comunales que funcionaba dentro de la Subdirección Jurídica del
Instituto de Reforma Agraria. Los trabajos fueron dirigidos a la acreditación de oficio por
parte del IRA del status de los patrimonios públicos. Por ejemplo se requirió a las
Delegaciones de Hacienda el líquido imponible y contribución anual que corresponden a los
Propios de todos los ayuntamientos, que en el caso de la provincia de Cáceres ascendían a
907.852,47 de líquido imponible por los que se pagaban 165.087 pesetas y 15 céntimos de
contribución.
Otra línea de trabajo dirigida desde la Sección de Acción Forestal del Instituto, trató de
elaborar un catálogo de los bienes rústicos municipales o comunales no catalogados de
utilidad pública (es decir, los de Hacienda), para ver la situación real en que se encontraban.
Se confeccionó un informe de 90 montes sobre un total de 85 pueblos que abarcaban
46.948 hectáreas. En realidad, era una contabilidad similar a los planes de aprovechamiento
de los Montes de Hacienda que se venía realizando anualmente desde 1901. No hemos
hallado información complementaria a la naturaleza de este repertorio, pero parece que ante
la avalancha que se había recibido en las dos ocasiones anteriores, el Instituto deseaba
saber por su cuenta cuáles eran las propiedades de cada pueblo. Lo que sí sabemos es que
tal información no condujo a nada 557 .
Una última línea de trabajo está relacionada con la cuestión de las prestaciones
señoriales a las que venimos haciendo referencia. La base 5ª de la ley de Reforma Agraria
en su apartado 6 consideraba expropiables “las tierrras que constituyeron señoríos
jurisdiccionales” además de abolir “todas las prestaciones provenientes de derechos
señoriales aunque estuvieran ratificadas por concordias, laudos o sentencias” (base 22). Al
igual que en el caso de las bases 20 y 21 parece que lo recopilado en 1931 servía de
referencia para la recomposición de este asunto. En este caso la disposición
complementaria vino de la mano del decreto de 24 de noviembre de 1933 que, según
Robledo, “primero facilitaba el reconocimiento del carácter señorial de las prestaciones,
Vázquez Humasqué al frente del Instituto de Reforma Agraria, quien después fue apartado temporalmente del protagonismo
político al ser enviado a la Embajada de España en París como asesor.
555 MERINO PÉREZ, F. (1933): Ante la reforma agraria. El rescate de bienes comunales. Madrid: Nueva Imprenta Radio.
556 Ibídem, pág. 69 y 95-97. “Abogado del Ilustre Colegio de Madrid”, Merino considera que nadie quiere hacerse cargo del
IRA porque el ministro Marcelino Domingo le endosa al Instituto el lastre de estos Decretos (Ibídem, pág. 90). Para la
cuestión de la retroactividad de la ley ver la reseña de ABC de 15 de febrero de 1933.
557 ADGDR, Fondo Señoríos y Comunales, legajo 45, “Bienes comunales. Provincia de Cáceres”.