La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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“...Siendo en nuestra mayoría unos humildes labradores que carecemos de terrenos propios a que podernos
dedicar con nuestras familias y teniendo en nuestras cercanías muchos destinados a pasto y labor, se da el
caso que éstas lo son por individuos que ni son labradores y si lo son no pueden laborearlos por sí y el que
les sobra nos los ceden en condiciones exageradas sobre precios muy elevados, lo que nos hace imposible
poder obtener la remuneración de nuestros trabajos y no contando con otros elementos de vida, pues con la
agricultura nos hemos criado y otra cosa no conocemos, nos obliga a aceptar todas las condiciones que se
nos imponen” 333 .
El 15 de junio de 1926, cumpliendo órdenes de la Dirección General de Agricultura, el
ingeniero jefe de la 2ª región agronómica, con sede en Badajoz, elevaba un informe sobre la
situación del pueblo en el que daba cuenta del pingüe negocio del subarriendo. Las dehesas
eran arrendadas a grandes arrendatarios que a su vez las subarrendaban obteniendo
escandalosas rentas, obteniendo “mayor utilidad que el mismo propietario”. El informe
concluía a favor de una legislación social que corrigiera tales abusos, como si el asunto
fuera algo nuevo para los ingenieros agrónomos.
El Collado era una más de estas fincas y una de tantas de la región. Estaba
arrendada desde noviembre de 1923 en cuatro hojas a pasto y labor con la cláusula de “a
riesgo y ventura” en el contrato. El precio del mismo, que tenía cuatro años de duración, era
de 18500 pesetas anuales. El arrendatario se quedaba con los pastos y rastrojos,
subarrendando la hoja de labor, obteniendo un beneficio anual de unas 8000 pesetas sin
tener que labrar las tierras.
El 10 de abril de 1928, el Sindicato Agrícola solicita al Patronato de Acción Social
Agraria “que previas las comprobaciones que estime pertinentes se les facilite que la
expresada finca, medio de vivir del pueblo, no pase a otras manos y la puedan adquirir”.
Siguiendo el Real decreto de 1927, el Sindicato debía acordar con los propietarios la compra
y aportar el 20%, corriendo a cargo del Estado el anticipo del 80% restante del valor de la
finca.
Los antecedentes que hemos venido citando eran conocidos por la Dirección de
Acción Social Agraria, quien solicita a Cáceres un informe técnico sobre la posible
parcelación. El ingeniero de montes Vicente Hernández informa en muy breve plazo del
interés de la finca, siendo el valor de la misma garantía del anticipo del Patronato. Para el
técnico “la parcelación es un elemento social y económicamente considerado, muy
necesario para la vida del expresado pueblo” 334 . Entre la solicitud de parcelación y la
aprobación por parte del Patronato apenas pasaron 12 días, lo que corrobora la sospecha
de que Sánchez Torres era parte interesada en la parcelación. El precio, 410000 pesetas
para una finca de 540 hectáreas, no parece nada malo para el vendedor ya que a precios
constantes equivaldría a la renta de más de 20 años 335 .
Correspondía al ayuntamiento y al sindicato agrícola reunir el 20%. Entre abril de
1928 y febrero de 1930 se llevó a cabo la parcelación. Por parte de diversos vecinos se
reclamó a la Dirección de Acción Social por la forma en que se llevó a cabo la suscripción de
acciones: se quejaban de que se había tratado de un negocio entre los miembros de la
corporación y sus familiares a fin de tenerlo controlado todo. Como ya ocurriera con
Cañamero estamos de nuevo ante indicios de degeneración individualista de la ayuda del
Estado. En marzo de 1929, el Patronato provincial declaraba que se daría prioridad a los
más pobres, a los labradores sobre los artesanos y a los casados sobre los solteros.
Curiosamente el ingeniero Clemente Sánchez Torres era el encargado de las operaciones
de parcelación. De nuevo nos tenemos que remitir a fuentes posteriores para conocer cuál
fue el problema de fondo. Nada más terminar la Guerra Civil, José González Gil, antiguo
ingeniero del IRA y entonces jefe del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de
333 Ibídem.
334 Ibídem, Informe de 16 de abril de 1928.
335 Op. Cit., pág. 65. No parece que la negociación fuera difícil teniendo en cuenta que Sánchez Torres era parte interesada.