La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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dirige, les recuerda a los funcionarios de Reforma Agraria que caen en grave
responsabilidad civil por “obedecer” al Gobierno Civil antes que al IRA. Apellidos como
Recio, Montero, Tovar, Higuero, Ávila, aparecen entre las reclamaciones que presenta
Bardají. Incluso el del ex Marqués de Albayda, Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, de
quien la Secretaría del Gobierno Civil no duda en afirmar que “trató de realizar una maniobra
franca y terminante contra los ingenieros de Reforma Agraria para amenazarles y
coaccionarles”. En un informe posterior no se duda de que todo forma parte de “una
campaña emprendida por los propietarios de la zona de Trujillo bajo la dirección del
presidente de la Asociación, Alfonso Bardají” 1124 . Otro de los apellidos que en forma de
recursos aparecen de manera reiterativa es el del procurador Gabriel Hernández Plá. En sus
escritos resulta habitual la recurrencia a los defectos de forma, resumidos en que el
procedimiento administrativo se vulneraba pues para el acto de señalamiento del cuarto de
labor en el que asentar yunteros se le enviaba una “citación” y no un “requerimiento” 1125 .
Toda la acción del Estado contra el principal conspirador de los propietarios en la provincia
se redujo a una multa de 500 pesetas. Pero este tipo de movimientos no eran privativos de
Trujillo. En el norte de la provincia el Gobierno Civil relata como:
“...En el término de Plasencia se ha visto obligado el Gobernador a ordenar la detención de don Vicente
Silos, administrador de la dehesa Pradochano, por oponerse al asentamiento de yunteros, dispuestos
por el referido personal de Reforma Agraria” 1126 .
Los recursos contra los asentamientos de yunteros fueron muy numerosos y entendemos
que son dos los aspectos de mayor interés:
a) El conflicto por la naturaleza de “puro pasto” y la presencia de contratos de
arrendamientos previos en numerosas dehesas.
b) Los casos singulares ya fuera por ser la finca de regadío y de un ex Grande (caso
del Conde de los Moriles en El Gordo); por el conflicto entre el I.R.A y los
ayuntamientos por tratarse de la dehesa boyal local (caso de Plasencia); por la
politización del asentamiento de yunteros con la intervención de altos cargos
(casos de Jaraíz de la Vera y Valdelacasa de Tajo).
a) Si nos remitimos de nuevo a lo ocurrido durante los decretos de Intensificación de la
campaña agrícola 1932-33 habremos de recordar que la vocación ganadera de las dehesas
resultó uno de los argumentos más esgrimidos por los propietarios. De forma mimética,
durante la aplicación de los decretos de yunteros la situación es prácticamente igual. A ello
se une, casi siempre, la coincidencia con la presencia de arrendatarios que aprovechaban
los pastos y que eran los que se sentían perjudicados en mayor medida. Para rematar el
repertorio legislativo del mes de marzo el día 24 se publicaba en la Gaceta una Orden del
IRA del día anterior por la cual se anulaban “los contratos hechos con posterioridad al 1º de
enero de 1936”. Todo parece indicar que fueron frecuentes los contratos “artificiales” que
podrían servir de excusa en caso de victoria del Frente Popular para evitar lo que ya se
imaginaba: que de nuevo los yunteros serían restablecidos en las parcelas que habían
aprovechado durante 1933.
1124
Todas las referencias en el mismo legajo, en este caso estos dos informes de la Secretaría del Gobierno Civil son del 4 de
abril y del 9 de mayo de 1936 respectivamente.
1125
Casi todos los recursos que hemos visto de la zona de Trujillo y Cáceres están presentados por Hernández Plá. En este en
concreto (ADGDR, Fondo Reforma Agraria-Cáceres, legajo 18) defendía precisamente a Bardají y a su esposa Pilar Cano
Higuero. En otros poderes notariales de representación, como los de la familia Flores de Lizaur encontramos a otro
representante de los negocios familiares bien conocido: Rafael Salazar Alonso, en ese momento Abogado y Director del
Centro de Información y Defensa de Madrid.
1126
Del AGGC, Fondo Político Social/Madrid, legajo 4454, carpeta 1536 “Relación de hechos ocurridos desde el 16 de
febrero hasta el 30 de abril de 1936 en toda España”. Chaves añade que el 20 de abril se clausuró en Plasencia el local de la
Liga Agraria, Op. Cit., pág. 107.