La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Por arte taumatúrgico resultan midiendo, según el Catastro 4483 hectáreas [cuando] el número de
fanegas al que equivalen esas hectáreas es de 8966 aproximadamente” 580 .
La cita continuaba haciendo referencia a que buena parte de esa información, como tantas
otras se habían hecho públicas cuando los ayuntamientos republicanos toman posesión, con
la subsiguiente persecución por parte de la red clientelar del señor que le costó, incluso al
propio Canales, más de una denuncia. Tales ejemplos no eran sino un medio para concluir
con el siguiente razonamiento:
“...Se ha hurtado al Estado ¿no podrá darse el caso de que incluso teniendo legítima la propiedad y
habiendo sido adquirida por precio, proceda expropiarla, aún sin indemnización y que los dueños no
hagan más que pagar al Estado y a los municipios lo que al Estado y a los municipios se les debe?” 581 .
Varias de sus intervenciones durante el debate apuntan en esta dirección, es decir, a la
justificación de la expropiación sin indemnización merced a la ilegitimidad del acaparamiento
realizado durante la Reforma Agraria liberal. Los escándalos en la venta de bienes
nacionales como origen de la opresión y del problema social agrario tomaban así refrendo
en la representación en Cortes.
Pasando al análisis de algunos aspectos de la ley de bases, lo primero que debemos
contrastar son sus referencia en la Constitución. Bravo Morata encuentra una plasmación en
el artículo 15 en lo que se refiere al derecho de expropiación; en el 25 por el no
reconocimiento de distinciones y títulos nobiliarios; en el artículo 44 respecto a la
expropiación forzosa por causa de utilidad social y finalmente en el 47 con la protección del
campesino legislando sobre el patrimonio familiar inembargable, el crédito y la enseñanza
agrícola entre otras cuestiones 582 .
Nos parece un resumen adecuado la visión del entonces futuro director del Instituto de
Reforma Agraria y en ese momento aún Inspector de los Servicios Social Agrarios del
Ministerio de Agricultura:
“...Atiende principalmente el proyecto a la aptitud del obrero campesino español para la explotación
individual, pues al proporcionarle de inmediato tierra y medios para cultivarla, se atenuará el paro y lo
manumitirá en cuanto sea posible de la inseguridad del jornal adventicio (...) pero no por esto se olvida del
colectivismo, ensayándolo por medio de la concesión de grandes fincas a asociaciones de obreros y
campesinos (...).
...No acepta el proyecto de ley de Bases que haya fincas incultas susceptibles de ser cultivadas o que lo
estén deficientemente, no acepta la existencia del intermediario que trabaja la tierrra y provee al dueño de
ella, que por la persona del arrendatario, logra hacer del suelo productor causa de renta
...Las tierras de latifundio o de absentistas serán debidamente expropiados (...) Se reconstituye el patrimonio
municipal y se afirma a los cultivadores en la posesión” 583
Quien así se pronunciaba era Adolfo Vázquez Humasqué en las vísperas del verano de
1932 y mostraba su aportación personal y la búsqueda de consenso en torno al proyecto
que había de ser el definitivo. Se mostraba ecléctico el futuro Director General de Reforma
Agraria en la dialéctica entre explotación individual y colectiva, sin duda influida por la
presión de los socialistas para que se incluyeran en el censo de campesinos—como al final
se hizo— a las sociedades obreras “legalmente constituidas desde hacía dos años”, en otras
palabras, todas las adscritas a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. El
problema del paro aparece como telón de fondo y nos recuerda de nuevo la difícil coyuntura
vivida en plenos efectos de la crisis del 29. Da cuenta también de la existencia de fincas mal
580
Diario de Sesiones de Cortes, 1931-1933. Sesión de 13 de mayo de 1932, nosotros lo hemos extraído íntegramente de
AYALA (2000): Loc.Cit., pág. 215.
581
Ibídem.
582
Vid. BRAVO MORATA, Federico (1978): La reforma agraria de la República. Madrid: Fenicia, pág. 54.
583
Extraído de VÁZQUEZ HUMASQUÉ, Adolfo (1932): “Alrededor de la reforma agraria”. Revista Nacional de Economía
(Madrid), numero 103, págs. 27-28. Todo esto lo introducía con un voluntarista “que sea justa y eficaz”.