La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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demasiado a la hora de entregarlas. En un primer momento sí da la sensación de que todo
va a estar desmontado antes del invierno de 1936, también como parte de la vieja cuestión
sobre la posible duración de la guerra. A lo largo del verano se atacan los aspectos más
polémicos y que más habían encendido la ira de los propietarios a través de la liquidación
del programa de yunterías y de la inmediata reposición del control de las fincas que habían
sido declaradas de utilidad social para asentar campesinos durante mayo, junio y julio de
1936.
Pero al tiempo que se empieza a vislumbrar la posibilidad de una guerra larga y que
tras un ínterin de indefinición en la Comisión de Agricultura de la Junta Técnica del Estado,
se decide que lo obrado en materia de asentamientos no se va a devolver a sus propietarios
sino que va a continuar en manos del Estado a través del Servicio Nacional de Reforma
Económica y Social de la Tierra con la figura de Zorrilla Dorronsoro al frente. Militares y
falangistas piden paciencia a sus amigos propietarios, como hemos ido viendo a través de
las múltiples gestiones del Conde de Ruiseñada para recomponer el patrimonio de la Casa
Comillas en el Campo Arañuelo. Con la llegada de Benjumea al ministerio al final de la
guerra, parece que se opta por la vía de la gestión privada, dejando atrás veleidades
reformistas impulsadas por los sectores falangistas que no tenían tan clara la devolución de
las fincas. Eso explica la indefinición posterior de la “colonización de secano” y la pobreza
programática en esta materia hasta el final de la autarquía.
Impulsores y beneficiarios de la Reforma Agraria también tuvieron que sufrir la
represión. Se depuraron las juntas provinciales, siendo fusilados todos los vocales obreros y
situando a la cabeza de estos órganos a fieles al régimen procedentes de las viejas
instituciones de la Restauración como el Servicio Agronómico y el Distrito Forestal. A estas
juntas provinciales correspondió la cruel tarea de designar nuevos beneficiarios para las
comunidades de campesinos en lugar de aquellos que fueron “eliminados” por distintas
causas que exponemos de manera gráfica en el apéndice número 14. La delegación
provincial del IRA también fue puesta en manos de personal leal al gobierno de Burgos,
siendo de gran interés toda la actividad de José González Gil al frente de la misma en
comunicación constante primero con Eufemio Olmedo y luego con Zorrilla Dorronsoro. El
objetivo principal fue mantener la gestión operativa de las comunidades y su viabilidad
económica tratando, como si fuera el fin último, que cuando regresaran a manos de sus
antiguos propietarios las cuentas estuvieran totalmente equilibradas.
La devolución de fincas se alargó mucho más de lo que hubieran deseado los
propietarios, mostrando que se había profundizado en la Reforma, ya que la liquidación fue
siempre favorable al Instituto Nacional de Colonización, al haber mejorado sobremanera la
explotación agrícola, ganadera y forestal de muchas de las fincas. Como conclusión, se
puede señalar que las fincas que habían sido expropiadas a la Grandeza sin indemnización
durante 1934 no volvieron de manera efectiva a sus propietarios hasta el año 1940 y
ajustadas a la apariencia legal que deseaba el régimen. La afirmación de que la reasunción
del control de fincas por parte de los propietarios de manera violenta y sin ningún tipo de
adscripción legal sólo se corresponde con las numerosas fincas que de forma atropellada
pasaron a manos de los yunteros durante los decretos de febrero de 1936 y con las
declaraciones de utilidad social.
En cualquier caso, lo que sí se produjo es esa restauración del viejo control social
oligárquico, cumpliendo así la guerra la función deseada por los propietarios. Una última
prueba de su cruel hipocresía en este sentido está constituida precisamente por su actitud
en la posguerra: luego de reclamar una aplicación exclusivamente ganadera de las dehesas
durante la II República, el mercado negro y sus precios remuneradores, como ya
demostraran Barciela para el caso nacional y Pérez Rubio para el extremeño, sirvieron de
acicate para que aquellas parcelas improductivas hicieran sus aportaciones al trigo de
estraperlo.