La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

236
frecuencia en los recursos de la Grandeza de España no sólo a la inclusión en Inventario de
sus fincas sino en los propios actos de expropiación.
2º.- La propietaria argüía la incongruencia de que las normas aclaratorias sobre la
declaración de fincas se hubieran dictado con posterioridad a las declaraciones, incluida la
opción de recurrir. Esta objeción pesa con fuerza sobre el conjunto de la Reforma Agraria.
Es fácil entrar ahora en una escala puramente valorativa cuando señalamos que el hecho de
que no se promulgara la ley de Bases antes quizás no justifica que este tipo de medidas
(inventario, censo de campesinos...) que eran la columna vertebral de la Reforma, no
hubieran sido pulidas por juristas para evitar vulneraciones al derecho.
3º.- En tercer lugar, pero continuación de lo que acabamos de decir, se objetaba un
defecto de forma al no ajustarse al Derecho administrativo las notificaciones de las
resoluciones de inclusión.
4º.- La irrogación por parte de la Dirección General de Reforma Agraria, que era
quien finalmente hacía las resoluciones, de una atribución no recogida por la ley de Bases.
5º.- Teniendo en cuenta que el recurso procede de 23 de febrero de 1935, la
propietaria se refería a la prescripción de la inclusión ya que el 25 de enero de 1934 debió
quedar terminado el Inventario según una orden de la Dirección General de Reforma Agraria
de 23 de marzo de aquel año.
Estos cinco enfoques del mismo asunto —defectos de forma— nos indican varias cosas. La
verdad es que se puede hablar de cierta endeblez jurídica del Instituto de Reforma Agraria a
pesar de contar con una subdirección para tratar de estos asuntos. La precipitación con la
que se obraba en la elaboración de órdenes, decretos y circulares obligaban a continuas
correcciones y modificaciones de las que los propietarios eran los mayores beneficiados.
Pero siendo esto cierto ¿tiene alguna relación el recurso presentado con la causa por la que
en un imprevisible futuro habría de ser expropiada? Por supuesto que no, la finca había sido
sistemáticamente arrendada durante años y la propietaria era una más de las beneficiarias
de un sistema de participaciones en la propiedad rústica de naturaleza similar a los actuales
fondos de inversión en renta fija. Todos los argumentos esgrimidos en el recurso nos
permiten ejemplificar que “todo valía” y que cualquier medio podía justificar el fin de liberarse
de la inclusión en el inventario.
* Un segundo grupo de recursos estaría constituido por aquellos casos en los que se trataba
de obviar el contenido de los apartados 12 y 13 de la base 5ª tratando de trasladar las fincas
a los supuestos de la base 6ª. En otras palabras, los propietarios hacen la lectura legal que
más les conviene y se olvidan de cuántas posesiones tienen o del modo de gestión. La
cuestión radica en que la base 6ª reconocía dos supuestos que habrían de librar de una
posible expropiación a quienes se vieran implicados en ellos. Por una parte está el supuesto
de que se dedicaran a explotaciones forestales (letra b, base 6ª) y por otro el ya mencionado
de las dehesas de pastos y monte bajo y puro pasto que no fueran susceptibles de cultivo
permanente en un 75% (letra c, base 6ª). Nos remitimos a los conceptos de dehesa
manejados en el capítulo 2 como aclaración. Con los recursos en la mano, la realidad
plasma de modo fiel la teoría: las dehesas son realidades forestales, pecuarias y agrícolas
muy complejas que son difíciles de recoger como un solo modelo de explotación. Para lo
que aquí nos interesa, lo que está claro es que numerosos propietarios buscaron en este
resquicio un modo de liberarse de la expropiación. Contaban a su favor con la amplia
reserva de la que en todo caso dispondrían dados los generosos límites de la Junta
Provincial. Pero, además, esos apartados daban para múltiples interpretaciones.
Aquí el IRA tuvo que dictar jurisprudencia a través de su Consejo Ejecutivo.
Trayendo a colación nuestras reiterativas citas sobre los plazos, hasta el mes de agosto de