La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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incluidos en los preceptos de la antedicha ley de 11 de febrero de 1934 781 . Por el camino
quedaron aquellos expedientes que con posterioridad (vid.supra capítulo 5) habían sido
aprobados en Consejo de Ministros y que se ajustaron a otros trámites 782 ; igualmente ocurrió
con los que a pesar de haber sido aprobados por Peña Novo finalmente no se llevaron a
efecto o fueron anulados por diversas causas 783 . En todos los que el Consejo Ejecutivo frenó
aparece el voto en contra de los vocales propietarios, muestra del interés por cobrar una
indemnización del Estado a toda costa.
Un caso particular ocurrió en Plasencia, donde el Abogado del Estado del Consejo
Ejecutivo, tras estudiar el caso, no vio con suficiente claridad que se hubiera “verificado
intensificación propiamente dicha y que haya intervenido el Gobernador General de
Extremadura” 784 . Ni el Servicio Agronómico ni la Jefatura Provincial del IRA pudieron
acreditar con certeza si esa situación se produjo, por lo que se desestimó la petición de
varios propietarios placentinos. Este tipo de situaciones hace pensar en que ocurrió con las
fincas que no fueron consideradas bajo los preceptos de la ley de 11 de febrero de 1934.
Pues bien, de la documentación hallada en el Archivo Municipal de Plasencia podemos
colegir que no existía contrato alguno de arrendamiento entre propietarios y yunteros pero sí
había existido “ocupación de la labor” de las referidas fincas. Se hizo necesaria la mediación
del Gobernador Civil, por lo que pensamos que esta situación pudo ser frecuente en
Extremadura. A través de un Delegado gubernativo se reunió tras la recolección a las partes
sin que en ningún caso “después de repetidas reuniones se pudiese llegar a un acuerdo a
pesar de las exhortaciones del Sr. Delegado para llegar a una solución de concordia” 785 . Lo
curioso del caso es que todos los propietarios implicados mantuvieron una actitud
fuertemente obstruccionista, afectando a diez propietarios y a diecisiete fincas. El acuerdo al
que finalmente se llegó es que se abonara un 20% de la cosecha para el propietario y el
resto para los yunteros, siendo aceptado a regañadientes por los dueños de las fincas 786 . Es
obvio que se había producido una ocupación ilegal y que eso debía generar una
indemnización a los propietarios, pero nos remitimos a las valoraciones realizadas en el
capítulo anterior sobre las causas de las invasiones. En el recién narrado caso de Plasencia
las fincas reseñadas eran prácticamente la totalidad de las circundantes de la Ciudad o, lo
que es lo mismo, no se habían producido cesiones de tierras como parte de la estrategia
llevada a cabo desde el acuerdo de la Federación de Propietarios en el otoño de 1932. De
ahí la cuestionable legitimidad de la petición al IRA de cobrar la renta catastral.
Tabla 6D:
Renta satisfecha a los propietarios según la ley de 11 de febrero de 1934
(Expedientes aprobados por el Gobernador General)
Comarca Nº de fincas Renta
Alcántara 34 152.361,00
Cáceres 77 93.971,89
Coria N 1 1.598,00
Coria S 22 68.978,75
S as de Guadalupe 92 110.016,15
Navalmoral 35 135.728,55
Plasencia S 32 89628
Trujillo 278 587.847,25
Total 571 1.240.129,50
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ADGDR, Reforma Agraria - Cáceres, caja 48: Memoria del
Servicio Provincial de Cáceres, 1935.
781
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 27 de junio de 1934, pág. 1 y 2.
782
Es el caso de Tejeda de Tiétar, vid. Actas del Consejo Ejecutivo del IRA, sesión de 20 de junio de 1934.
783
Ibídem, es el caso de Villamesías.
784
“Expediente de Plasencia”, en Actas del Consejo Ejecutivo del IRA de 27 de junio de 1934.
785
Archivo Municipal de Plasencia, Reforma Agraria, s.c.
786
No podemos evitar en este punto, al recordar el nombre de las fincas, que muchas de ellas habían sido adquiridas por
oligarcas locales antepasados de los propietarios actuales durante la desamortización de Madoz de entre el rico patrimonio de
propios y comunes de la Ciudad de Plasencia.