La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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6.1.3. La “inaplicabilidad” del principio de retroactividad
Aunque el decreto de 21 de enero no se refería explícitamente a ello, a la Junta Provincial le
correspondió la responsabilidad de estudiar los casos de posible “retroactividad”. Que este
asunto preocupaba sobremanera a los legisladores republicanos queda claro al formar parte
de la Base 1ª de la ley de 15 de septiembre de 1932, recogiendo que “las situaciones
jurídicas particulares relativas a la propiedad rústica que se hubiesen creado
voluntariamente desde el 14 de abril de 1931 hasta el momento de la promulgación de esta
ley se tendrán por no constituidas”.
Durante los dos meses posteriores a la supuesta terminación del inventario debería
aplicarse tal principio. Ante el mismo, quienes se vieran afectados podían “interponer
recurso ante la respectiva Junta Provincial”, a quien correspondería “decretar si procede o
no la aplicación” de la retroactividad, actuando como instancia superior en materia de
recursos una sección especial del IRA presidida por un Magistrado.
Como es sabido, la inclusión de este apartado nace de la correlación entre tardanza
en la aprobación de la ley de Bases y el rumor de que los grandes propietarios habían
enajenado buena parte de sus fincas ante el temor de que pudieran ser desposeídos de
ellas por la vía del decreto. En noviembre de 1932, desde el diario filoanarquista La Tierra
se afirmaba con vehemencia:
“...Hoy las tierras extremeñas capaces de producir están libres de la Reforma Agraria, dado que ya se
han repartido las herencias, y cada hijo de propietario tiene tantas tierras como tenga el padre.
Posiblemente el anuncio de la Reforma ha servido para hacer desaparecer el gran terrateniente,
propiedades de un solo individuo, pero ha creado la familia terrateniente y latifundista; como se ve la
Reforma ha dejado las cosas como estaban y de un modo simple ha permitido soslayar la Reforma
agraria a estos propietarios” 756
Las cosas, sin embargo, no fueron tan sencillas y claras. Una vez más, a la vista al menos
del caso cacereño, esta fue una vía para dilatar las posibles expropiaciones pero ni mucho
menos la más recurrente y frecuente del amplio repertorio exhibido por la oligarquía agraria
para alargar los contenciosos para librarse de la enajenación. Tal y como ocurriría con todas
las atribuciones hasta ahora analizadas, de nuevo los plazos no fueron respetados. Es más,
si observamos a la inversa el recorrido, los expedientes de retroactividad de Cáceres llegan
a la Junta en enero de 1935, apenas siete meses antes de que la llamada ley de Reforma
de la Reforma Agraria diera por concluidos todos los recursos y por subsistentes todas las
situaciones jurídicas “sobre las que no hubiese recaído resolución antes del 25 de marzo de
1934” 757 . Esto no obsta para que sea preciso ver qué ocurrió en el caso cacereño con estos
casos de supuesta retroactividad.
Efectivamente, las actas de la Junta de enero de 1935 acusaban recibo de los
expedientes, remitidos por la Dirección General de Reforma Agraria, tomándose el acuerdo
de “ponerlos de manifiesto a los interesados para que formulen las alegaciones que
procedan en defensa de su derecho” 758 . Durante ese primer semestre de 1935 la Junta llegó
a incoar tan sólo 7 expedientes de retroactividad. Cualquier recurso tuvo posibilidad de salir
adelante precisamente por no haberse ejecutado el supuesto de retroactividad antes del 25
de marzo de 1934 —recordemos dos meses después de la primera orden de declaración de
fincas—. Sólo con eso se podría haber ejecutado la inaplicabilidad de lo estipulado en la
Base 1ª, pero manteniendo la apariencia jurídica, el Abogado del Estado expuso en cada
caso las causas que, a su juicio, hacían inviable la reversibilidad de las situaciones. El único
dato que consideramos interesante a efectos de esta investigación es que en cinco de los
756
“La aplicación de la llamada Reforma Agraria. Por tierras de Extremadura”, La Tierra (Madrid), 30 de noviembre de
1932, pág. 1.
757
LÓPEZ ONTIVEROS y MATA OLMO (1982): Op. Cit., pág. 91.
758
Actas de la JPRA de Cáceres, sesión de 7 de enero de 1935.