La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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En el invierno de 1994 llegaban a manos del director de esta investigación a través de José
Luis Martín los disquettes que contenían el catálogo de los fondos que el IRYDA archivaba
referentes a la Reforma Agraria antes incluso de que fueran publicados. No se trataba de las
fichas de unos cuantos legajos, sino de varios centenares de metros de documentación que
abarcaban desde la ley de Colonización de 1907 hasta las últimas realizaciones del Instituto
Nacional de Colonización en materia de transformación en regadío de determinadas zonas
de España.
La transmisión de esa información por parte de Julio Aróstegui formaba parte de su
costumbre habitual de invitar a los estudiantes de sus clases de Teoría y Método a encontrar
temas que investigar. Creo que ni siquiera llegué a tomar nota de aquella referencia. Un
cúmulo de circunstancias personales hicieron que cuando comenzábamos a conceptualizar
el delito político y la politización de la justicia durante el régimen de Franco nos
encontráramos con un futuro bien distinto. Llegado a Extremadura y buscando un tema para
la tesina sin perder el contacto con mi Departamento matriz, encontramos en el Archivo
Municipal de Plasencia los fondos del Sexmo de Plasencia, la institución que había
gestionado los comunales del norte de la provincia desde el Medievo y que había vivido un
complejo proceso de privatización durante el siglo XIX. Somos conscientes de que este tipo
de información no se suele proporcionar en la introducción de una tesis, pero consideramos
que es bastante pertinente aquí ya que de aquel trabajo extrajimos una conclusión: la
trascendencia de la propiedad comunal cuya perdida fue traumática en el imaginario
colectivo de aquellas sociedades donde habían tenido una notable entidad como era el caso
de Extremadura.
De modo que “los comunales” fueron un hilo conductor que dotaron de lógica a la vez
que sirvieron de base a los sucesos posteriores. Ubicados aquí, con el grueso de las fuentes
en Madrid, la Reforma Agraria resultaba un tema atractivo. La descampesinización en
Extremadura durante el franquismo ya había sido estudiada por el sociólogo José A. Rubio,
formado a la vera de Eduardo Sevilla Guzmán, y la II República ya contaba con buenos
trabajos en la provincia de Cáceres a través de los estudios de Juan García y de Fernando
Ayala. Fue la existencia de los fondos del IRYDA y la convicción de que había algo que
problematizar sobre la cuestión yuntera tanto antes como durante la Guerra Civil, lo que nos
animó a emprender esta investigación. El trasfondo de la movilización de los yunteros era
algo que quedaba pendiente de conceptualizar de forma monográfica y los archivos de
Reforma Agraria permitían un trabajo “a pie de obra”, es decir, situarse en medio del
triángulo de interrelaciones establecido entre propietarios y yunteros con la decisiva
intervención del Estado en la primera mitad del siglo XX. En julio de 1936 no sólo se estaba
realizando una Reforma Agraria a una escala más que importante sino que además desde el
Parlamento estaba a punto de darse carta de naturaleza a la reconstitución del patrimonio
mcomunal de los pueblos, binomio éste que actúa de forma decisiva como “variable
independiente” entre las causas de la Guerra Civil.
Tras unas lecturas previas para valorar el estado de la cuestión, en el verano de
2001 nos dirigíamos a San Fernando de Henares, ya que los fondos de Reforma Agraria
habían pasado del edificio del IRYDA a los almacenes de Tragsa y de ahí a los hangares de
la Escuela de Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura.
En aquellos momentos, la Junta de Extremadura comenzaba a dotar de contenido su
Archivo General en Mérida. Se nos ocurrió que dada la importancia de esos fondos alguna
de las Consejerías podría estar interesada. Además era habitual que la Junta recurriera a
ellos cuando requería información, por ejemplo, de las construcciones de los pueblos de
colonización y de las estructuras de riego. Nuestra propuesta consistía en que se financiara
el fotocopiado y empaquetado de los fondos para mandarlos debidamente clasificados al
Archivo. Para nosotros esto facilitaba su consulta y además lo ponía al alcance de otros
investigadores interesados. El Consejero de Cultura, Francisco Muñoz, acogió con interés el