La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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185.369 del resto de recurrentes que trataban de no ver sus fincas inclusas en una posible
expropiación aunque fuese sujeta a indemnización.
Tratemos ahora de estos últimos. En los archivos del antiguo IRYDA hemos podido
consultar poco más de 300 recursos, de entre los cuales más de la mitad, 145, requirieron
un informe técnico de los Servicios Provinciales de Reforma Agraria para ayudar al Consejo
Ejecutivo a dilucidar sobre su exclusión o inclusión definitiva en el Inventario. La mayoría de
estos informes proceden de 1934, más de un año después de que terminaran las
declaraciones. Pero siguiendo con el interminable alargamiento de cada procedimiento,
cerca de una treintena de recursos aparecen con la siguiente nota impresa con sello de
caucho:
“...Anulado el inventario de fincas susceptibles de expropiación por ley 1 de agosto de 1935, la sección
propone el sobreseimiento y archivo del presente expediente en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 3º del decreto de 29 de agosto de 1935”
Así pues, en torno a un 10% de los recursos presentados no tenían sentencia firme más de
dos años después de publicado el decreto que los regulaba. La fuerte centralización del IRA,
las maniobras dilatorias de la representación propietaria que hemos visto aparecer por
doquier y la escasez de técnicos para informar con suficiente agilidad impidieron una
resolución más rápida.
Lo que resulta indudable es su valor como fuente. Los estudios sobre la Reforma
Agraria de la IIª República incorporan los datos declarados en el Registro de la Propiedad
Expropiable, pero la unión de recursos e informes técnicos, aunque sean muchos menos,
tienen la virtualidad de dejar contrastado y aclarar en buena medida la fría estadística del
número de hectáreas poseídas. Por los recursos aparece lo más granado de esa gran
burguesía terrateniente y de la vieja nobleza que a caballo entre el XIX y el XX conservaba
un gran poder en las dehesas cacereñas. Un poder que se ve plasmado con fuerza en la
sencilla explicación que los técnicos argumentaban con frecuencia en sus recursos: casi
todas las fincas recurridas fueron incluidas definitivamente en el Inventario porque estaban
arrendadas sistemáticamente desde hacía más de 12 años, pero si en algún caso no era
así, superaban con amplitud en su inmensa mayoría los generosos coeficientes que en cada
tipo de tierras había consensuado la Junta Provincial y a los que nos referíamos con
anterioridad.
Al ir acompañados en más de la mitad de los casos de informes técnicos se trata de
una fuente privilegiada para conocer la situación real de numerosas fincas: los precios de los
arrendamientos, las fórmulas de gestión mixta ganadera-forestal-agrícola de las dehesas,
las aparcerías, los encubrimientos de dimensiones en el Catastro y en las declaraciones,
entre otros muchos asuntos 799 . En este sentido, creemos que la labor de los técnicos del IRA
fue bastante eficaz dentro de los medios con los que contaban. Cuando se hacía necesaria
la presencia de peritos forestales, éstos acompañaban a los agrícolas para esclarecer la
realidad de las fincas estudiadas. Al final, eran los ingenieros los que dictaminaban para que
el Consejo Ejecutivo tuviera la “penúltima” palabra y decimos “penúltima” porque aunque fue
excepcional algún propietario siguió recurriendo a instancias superiores. Pero lo primero que
tenemos que hacer, antes de analizar los informes es acercarnos a los recursos. Los
recursos se pueden clasificar en tres tipos:
799 Muchos de los informes no tenían como origen una reclamación aparte, sino la consignación en el impreso declaratorio de
la mención “dudosamente comprendidas” en el apartado correspondiente (normalmente el 12 y el 13) de la base 5ª.
Consideramos que los aspectos a los que aludimos ya se han ido desgranando a lo largo de esta Memoria y que no son el
objeto fundamental de nuestro estudio. Este tipo de cuestiones han quedado sobradamente pergeñadas en Dehesas y
terratenientes del profesor SÁNCHEZ MARROYO. Ahora bien, los informes están ahí, a disposición de cualquier
investigador y pueden servir de corolario para casos locales o personas concretas.