La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

156
Pero todo tiene un orden. Ahora explicaremos los tres momentos que tendrá esta
cuestión a lo largo de la II República, pero se requiere una interpretación de conjunto previa.
Los órganos de gobierno del nuevo régimen se pondrán manos a la obra enseguida en lo
referente a este tema. Detrás, como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista, a
través de dos de sus voces institucionales autorizadas: ayuntamientos y sociedades obreras
en gran número. Porque el objetivo que subyace tras la avalancha de las peticiones de
información a los pueblos es el deseo de la Unión General de Trabajadores de edificar las
nuevas relaciones laborales en el campo mediante los arrendamientos colectivos. Y si
existen sociedades obreras de cuño socialista en la mayoría de los pueblos y lo unimos a las
tierras reivindicadas, tendremos como resultado una armoniosa combinación de la que salen
beneficiados los ayuntamientos —al volver a disponer del control de buena parte de las
tierras— y, sobre todo, los sindicatos agrícolas que tendrán tierras donde trabajar. De nuevo
hay que mirar lo que subyace por debajo de todo esto para ver que la vía municipal puede
ser la apropiada para asentar las bases de una revolución campesina silenciosa, que se
habría impuesto por la vía del decreto de no ser por las complejidades que esta cuestión
conllevó durante todo el régimen. En esta línea, el Grupo de Estudios Agrarios ha insistido
en el deseo de los colectivos de campesinos de hacer de los ayuntamientos “centros de
poder y decisión que fortaleciesen sus posiciones en el marco social, político y económico
de la comunidad rural” 502 .
Otro punto de vista no menos importante se deriva de la obtención de información
sobre la propiedad pública ¿Qué conlleva eso? Pues que, a través de la documentación de
reivindicación de bienes comunales, estamos ante una revisión de todo el siglo XIX español
y de su obra desamortizadora. Entre los términos nada desdeñables que los pueblos utilizan
para referirse a qué fue de sus bienes comunales encontramos: “despojo”, “usurpación”,
“expolio”, “esquilmo” e incluso “rapiña”. No por bien conocido el proceso resulta menos
interesante. Numerosos ayuntamientos consideran no sólo ilegales sino ilegítimas las ventas
realizadas en el siglo XIX, denunciando el aprovechamiento de los cargos públicos y la
indefinición jurídica tan característica del Novecientos.
Ricardo Robledo señalaba hace algún tiempo que “nuestra imagen de la reforma
agraria republicana está desfigurada mientras no se investiguen esos fondos” 503 . Se refería
al fondo “Comunales” de los antiguos archivos del IRYDA cuya organización hace pensar
que los componentes de la Comisión Técnica Agraria conocían bien cuáles eran los
precedentes en esa materia: obras de colonización, parcelación, montes públicos
reales...Atreviéndonos a interpretar las palabras de Robledo consideramos, vista la
documentación, que cualquier estudio sobre la desamortización no quedaría cerrado hasta
analizar tales fondos y que, sobre todo, este asunto tiene algo de condicionante del futuro: el
hecho de que se evacuase tan tempranamente —verano del 31— información sobre la
cuestión de los comunales creó unas expectativas redentoras en el campesinado que
marcaron toda la evolución posterior de la Reforma Agraria. Las invasiones de fincas en
Extremadura durante el Primer Bienio se hicieron mayoritariamente sobre antiguos bienes
comunales y se creó un ambiente en el que parecía que la Reforma Agraria se iba a realizar
a gran velocidad, recuperando los municipios toda la titularidad de antiguas tierras públicas
—tanto propios como comunes— entregándoselas ipso facto a las sociedades agrarias para
su puesta en cultivo. Como sabemos, eso no fue así, porque tal nacionalización de las
tierras no fue apoyada expresamente por todos los grupos de la coalición que gobernó
durante el Prime Bienio, pero creó la sensación en los pueblos —al menos en los de
Extremadura— de que así sería realizada la reforma y que por tanto, todo paso que no fuera
en esa dirección sería un paso atrás.
502 GRUPO DE ESTUDIOS AGRARIOS (1995): “Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes
locales en la Alta Andalucía, 1750-1950”, en Noticiario de Historia Agraria (Murcia), número 10, pág. 61.
503 ROBLEDO, Ricardo (1996): “Introducción y estudio”, en MARTÍN, José Luis [Editor]: Archivos de la Reforma Agraria
conservados por el IRYDA. Madrid: Uned, pág. 21.