La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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resignación han venido sufriendo la injusticia por la odisea caciquil y esperando se active la
devolución de los bienes rústicos municipales” 541 . De similar manera el alcalde de Talaván,
en nombre de toda la corporación le suplica al presidente del Gobierno “apoye la rápida
discusión en las Cortes de este proyecto”, indicando ni más ni menos “que de ello depende
la verdadera liberación económica de los pueblos” 542 . En tono más o menos parecido,
siempre con un punto apologético y victimista los yunteros de Santiago del Campo solicitan
al Gobernador Civil de la provincia “que eleve a la superior autoridad nuestra justa demanda,
interponiendo su valiosa influencia para que del Instituto de Reforma Agraria ordenen a los
técnicos hagan el expediente de expropiación y sean devueltos dichos terrenos a este
ayuntamiento, con lo que se haría justicia republicana y se acabaría con la crisis que agobia
a muchos pueblos como este que en si, son ricos, pero debido a manos mercenarias se ven
arruinadas, lo que nuestra amada República evita y debe evitar” 543 .
Pero por encima de estas misivas estaba el asunto de las invasiones de fincas. Lo
veremos enseguida al hablar del decreto de Intensificación de cultivos, pero la recuperación
del patrimonio comunal tiene como trasfondo el profundo deseo de recomunalizar las fincas.
Muchas de las masivas invasiones de fincas de enero de 1933, derivadas de la lentitud en la
aplicación del mencionado decreto de Intensificación, tuvieron como protagonistas antiguos
bienes comunales como se deriva de que fueran zonas como Navalmoral de la Mata y
Trujillo las principales afectadas.
A la combinación ad hoc de presiones e ilusiones se unió la complejidad del tema. En las
reuniones de enero de 1933, el Consejo Ejecutivo del IRA vivía las activas interpretaciones
del representante socialista, el perito agrícola Esteban Martínez Hervás, quien animaba a
comenzar por el rescate de bienes comunes porque “con esto se daría la sensación de que
la Reforma Agraria se aplicaba” 544 . Enseguida aparecería el Decreto de 21 de enero de
1933 545 que iluminaba al fin las esperanzas que hemos visto gráficamente en anteriores
líneas. Éste parecía por fin la norma aclaratoria del “nuevo régimen de los bienes rústicos
municipales” 546 . Englobaba en ese concepto “tanto a los llamados de propios como a los
pertenecientes al común de vecinos o de aprovechamiento vecinal” 547 . Lógicamente habría
que “determinar los bienes de que se despojó a los municipios”. Se le daba al IRA status de
autoridad como órgano administrativo competente en esa determinación, si bien una orden
de 25 de enero se lo atribuía a la Dirección General de Reforma Agraria. En cuanto los
ayuntamientos argumentaran correctamente el expediente de solicitud de reivindicación, el
IRA podría hacer público el rescate en la Gaceta y tomar posesión de esos bienes,
indemnizando al propietario sólo por las mejorar permanentes útiles no amortizadas (artículo
15) 548 . Como es conocido, tras este decreto se esconde una de esas “ingenuidades” del
desconocimiento sobre cómo legislar, ya que Vázquez Humasqué envió el borrador a la
Gaceta antes de que lo sancionara el Consejo de Ministros, con lo que ni Azaña ni Alcalá-
Zamora sabían de su contenido. Esa es la razón por la cual Azaña se refiere a él como el
decreto “apócrifo” 549 .
541 Ibídem, carta de 2 de abril de 1933.
542 En este caso la carta es de 9 de diciembre de 1932.
543 Ibídem, 14 de noviembre de 1932, firmaban los directivos de las sociedades obreras en representación de 320 afiliados.
Llamamos la atención sobre la siguiente cuestión: se dirigiera al Gobernador Civil, al Ministro de Agricultura, al de Trabajo
o al Presidente del Gobierno, todas acabaron en el mismo lugar, es decir, en la sección de Comunales del Instituto de
Reforma Agraria.
544 Citado por ROBLEDO (1996): Art. Cit., pág. 297, refiriéndose a las Actas del Consejo Ejecutivo del IRA de 13 de enero
de 1933, pág. 18.
545 Publicado en la Gaceta de Madrid el 22 de enero de 1933
546 MERINO, F. (1933): El rescate de bienes comunales. Madrid: Nueva Imprenta Radio.
547 Parte expositiva del Decreto.
548 Seguimos el articulado del Decreto y el texto de Robledo, pág. 298.
549 Cf. ALCALÁ-ZAMORA, Niceto (1977): Memorias. Barcelona: Planeta, pág. 237 y AZAÑA, Manuel (1997): Diarios,
1932-1933. Los “cuadernos robados”. Barcelona: Crítica, pág. 163 y ss.