La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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título de merced palatina en el siglo XIII (...) con derecho a prescribrirla perpetuamente” 527 .
Es curioso como se podía comerciar con este tipo de privilegios, ya que la Casa de Osuna
vendió todos estos derechos al Sr. Casariego en 1972 y aún en la República persistía el
mismo. Según García Ormaechea, una sentencia firme del Tribunal Supremo de 19 de
diciembre de 1876 había impedido que el pueblo acabara con tan atávicas prestaciones 528 .
- El caso de Monroy es en cierto sentido clásico:
“...existen en este ayuntamiento documentos que acreditan que el resto de las fincas rústicas que
componen el término municipal pertenecieron y aún pertenecen en la actualidad al señorío de esta villa
(Marquesado de Monroy) por cesión en Real Privilegio de la Reina doña María a don Hernán Pérez de
Monroy, Copero Mayor de dicha reina allá por los años de 1330 al que se atribuye la fundación de este
pueblo cuyos aprovechamientos y labores los hacían los vecinos de este pueblo mediante el pago del
onceno de terrasgos y menudos a la casa del Marquesado, motivándose por el pago de este onceno
varios pleitos entre los vecinos de esta villa y los varios marqueses que sucesivamente fueron
heredando el título de este mayorazgo: con motivo de tales litigios, y para zanjar éstos, se han otorgado
varias escrituras de concordia existiendo la que se otorgó en 17 de junio de 1795 y dos más después,
en cuyas escrituras se han hecho pactos que han dado por resultado reconocer mutuamente ciertos
derechos...” Valiéndose de un informe del cura párroco de Monroy de 1791 va dando parte del poder
omnímodo del Señorío y de cómo quitaron al común el aprovechamiento, de la persistencia de la
prestación señorial y dando parte de la petición de que se redujera el onceno “a una cantidad fija anual
e inalterable en dinero y nada más”.
- Otro recuerdo de cómo la consolidación de dominios no era incompatible con los señoríos,
es la queja de la Oliva de Plasencia. El alcalde se refiere a una dehesa de José Vargas
Golfín, heredero del Conde de la Oliva. Señala el edil que
“es de creencia tradicional en el pueblo que la finca en cuestión fue donada al título mencionado al
crearse este y como las características de dichas donaciones eran el sostenimiento de los pueblos
enclavados en los dominios feudales, estima este pueblo y la alcaldía, que al transformarse la
pertenencia de esta dehesa citada en personal a favor de los herederos del primer beneficiario se ha
cometido una expoliación en perjuicio de estos vecinos a quienes legítimamente debe pertenecer
aquella, ya que la causa del sostenimiento popular que llevaba aneja, ha desaparecido en absoluto” 529 .
En otras palabras, se ponía en entredicho la legitimidad de la posesión de una dehesa que
derivaba de dominios feudales de carácter más jurisdiccional que señorial, pero que
evidenciaba la presencia de resquicios de este tipo de propiedad muy vivos entre las
demandas del campesinado de la región.
- Un último caso, el de Bohonal de Ibor, no había llegado inalterado hasta la II República,
pero había durado en el tiempo la prestación señorial: “este término municipal —relata el
alcalde— forma parte todo él de la Dehesa de Retuerta, siendo dueños de toda clase de
aprovechamientos los vecinos de esta localidad y perteneciendo la nuda propiedad desde el
año 1400 hasta 1920 en que fue redimido el censo enfiteútico que sobre los mismos pesaba
al Sr. Duque de Peñaranda” 530 . Es decir, apenas una década antes, los habitantes de
Bohonal estaban bajo el yugo de un censo con un propietario al que ni siquiera conocían, si
bien lo habían redimido y se habían repartido las tierras entre diversos colonos.
El conjunto de este primer impulso a la reconstitución del patrimonio comunal debió tener
gran impacto para la Comisión Técnica Agraria. En primer lugar, porque si la gran mayoría
de estas provincias se pronunciaron en sentido similar, habría varios miles de casos que
dirimir en los juzgados y que no estaban suficientemente aclarados. En segundo, porque era
527 La referencia en PAZOS y GARCÍA, Diego (1920): Política Social Agraria de España (Problemas, situación,
reformas). Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, pág. 170.
528 GARCÍA ORMAECHEA (1932): Op. Cit., anexos.
529 Legajo 44, carta del Alcalde de la Oliva, 2 de julio de 1931.
530 Carta de 14 de junio de 1931. El alcalde añadía un “se ignora el nombre” para referirse a Carlos Fernando Stuart y Falcó,
Duque de Peñaranda, señal del absentismo y del desconocimiento de para quien trabajaban los campesinos.