La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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aplicación podría ser mantenida al ralentí durante mucho más tiempo. Se atribuía al decreto
una evidente falta de garantías procesales y por tanto de la mínima juridicidad para su
aplicación. El asunto venía de lejos, puesto que se estaban realizando ocupaciones
temporales según la base 9ª que no se podrían hacer puesto que no se había
confeccionado el Registro de la Propiedad Expropiable y que por ello, al recurrir a la vía del
decreto, lo llaman “vergonzosamente intensificación del laboreo en el cultivo de secano” 690 .
Con respecto a la aplicación en Cáceres, la explicación es de carácter técnico,
refiriéndose a cómo los técnicos del IRA “pronto se dieron cuenta de la imposibilidad de
aplicar a terrenos miserables lo que se había legislado con el pensamiento fijo en las fértiles
dehesas de las riberas del Guadiana” 691 . Esa ampliación merece duras andanadas por parte
de Bardají quien se queja de cómo “una expedita orden ministerial deroga una ley votada en
Cortes” —se refería a la Gaceta de 26 de noviembre de 1932— y de la caracterización de
quienes aplican realmente la ocupación ...”en la mayoría de los casos amanuenses al
dictado de los directivos de las Casas del Pueblo pueblerinas”.
Bardají también señalaba el caso de Cáceres como ejemplar, ya que la mayoría de
los campesinos pagaban rentas inferiores a 1500 pesetas y con la legislación del ministerio
de Justicia no podían ser desahuciados. Si había demanda de tierras tan sólo era porque
“se han incluido en los censos, como yunteros sin tierra, los que nunca lo fueron” 692 . En
ningún caso se refería al retraimiento patronal que hemos venido relatando, resumiéndose
para él la situación en un caso de “arbitrariedad” que causaría la pérdida de una tercera
parte de la ganadería, abocaría al fin de la trashumancia, liquidaría los precios, obligaría a la
importación de productos ganaderos, acertando en la conclusión final: “el decreto no ha
venido a resolver un problema de orden económico sino de índole social o político”. Todo un
acicate para enfervorecer a la Asamblea entre cuyas conclusiones conjuntas se pedía, entre
otras cosas, la restauración del principio de autoridad, la derogación del decreto de
Intensificación, una única jurisidicción agraria y añadían que en el rescate de comunales
sólo se incluyeran aquellos sin título legal y que no se adjudicara ninguno hasta el fin del
procedimiento judicial de expropiación.
En nuestra opinión, toda la estrategia se reducía a la dilación por el mayor tiempo
posible de toda medida de política social agraria, esperando un cambio de gobierno o de
régimen que restaurase el statu quo en el campo del que había venido gozando la gran
propiedad desde la Reforma Agraria liberal. La respuesta institucional a las agoreras
advertencias de Bardají la encontramos en el Boletín del IRA que cifra en un 0,85% de los
pastos de la provincia afectados por el decreto de Intensificación, como muestra de la
escasa incidencia real: apenas 9363 hectáreas sobre 1091.649 que había de pastos en
Cáceres 693 . Para el mismo autor de esta información, el asunto de la politización del conflicto
venía dado por el cambio de signo de la ascendencia sobre el campesinado: se trataba,
según Coloma, de “una zona donde nunca habían existido partidos políticos propiamente
dichos, sino mas bien dos bandos dirigidos siempre por propietarios” y que si habían pasado
a la militancia política era porque “los dirigentes de los partidos obreros dicen a los
campesinos que si no se afilian con ellos carecerán de tierra” 694 .
690
Ibídem, pág.124.
691
Ibídem.
692
Ibídem, pág. 128.
693
COLOMA, Jesús R. (1933): “Intensificación de cultivos”, BIRA (Madrid), número 11, pág. 259 y siguientes.
694
Ibídem, número 12, pág. 421.