La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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propietaria, Rafael Durán Martín, al perito agrícola encargado de la consiguiente Memoria
técnica:
“...Se ha formado una Sociedad, sin escritura ni documentación, entre el propietario y Eusebio Vicente
González. El propietario aporta la finca y el otro socio el ganado, los aperos y el capital. A la tierra se le
fija una renta equivalente al líquido imponible cuya renta recibe el propietario (¿?) [sic] El capital
representado en el ganado y aperos se le fija el 6% de interés que retira el socio capitalista. Los gastos
de personal los paga Eusebio Vicente y al liquidar le carga al propietario la mitad de los mismos. Tanto
Eusebio Vicente como D. Rafael Durán cobran un sueldo en concepto de gastos de explotación 806 .
La complejidad de la fórmula de explotación sorprendió de forma notoria al perito agrícola:
“...Como esta modalidad de explotación me parece un poco rara pregunté a Eusebio Vicente, que
estaba delante cuando el propietario me ponía en estos antecedentes, si tenía que hacer alguna
observación sobre lo manifestado por el propietario, contestándome que no pues era cierto todo lo que
me dijo D. Rafael Durán. No obstante ello y de regreso a Aldea del Cano, volví a insistir cerca de
Eusebio Vicente, que me acompañó al pueblo, si no me había exagerado el propietario, contestándome
Eusebio que no era cierto nada de lo que me expuso d. Rafael Durán, puesto que él era colono y paga
34000 pts de renta bien en dinero o en especie; y que si me dijo ser cierto todo lo que me manifestó el
propietario fue por que le debía algunos favores y no quiso desmentirle”.
El perito tomó una tercera opinión para tratar de hacerse un juicio definitivo:
“...Al llegar al pueblo me entrevisté con el sr.alcalde de Aldea del Cano, quien me dijo que no se sabía
con exactitud si el Eusebio Vicente era o no arrendatario, aunque era de suponer que lo fuera”.
De este ejemplo, son varias las cuestiones que podemos poner en valor. Primero, la función
del perito agrícola de investigador sobre el verdadero modo de explotación de la finca a la
hora de hacer su trabajo técnico. En segundo, la actitud del arrendatario subyugado ante el
propietario. Y finalmente, el propietario consorte que trata de librarse del apartado 12 para
que la finca no quede incluida en el Inventario. El caso tiene aún más interés porque Rafael
Durán fue durante la IIª República el presidente de la Sociedad de Corchos de la provincia
de Cáceres, aneja a la Asociación de Propietarios de Montes Alcornocales, parte a su vez
de Unión Económica. En resumen, podemos ver cómo el fin justificaba los medios en una
pirámide que comenzaba en un simple arrendatario y alcanzaba las vinculaciones con la
gran patronal agraria.
Dentro de este grupo de recursos variados, se da el caso de que una finca de la
Fundación Cartagena había sido inclusa en el Inventario. Se trataba de varias fincas del
término de Aldea de Trujillo “perteneciendo a las siguientes Academias en la siguiente
proporción: el 10 por ciento a cada una de las Academias de Medicina, Española y de Bellas
Artes de San Fernando, y el 35 por ciento a cada una de las de Historia y de Ciencias” 807 .
Las fincas estaban incluidas por arrendamiento sistemático y la Fundación Cartagena aludía
a un estatuto especial que le había dado un decreto de 1932. Sin embargo, se desestimó el
recurso porque un apartado poco conocido de la base 5ª (en concreto el 4) requería la
inclusión en el Inventario de “las fincas rústicas de Corporaciones, Fundaciones y
establecimientos públicos que las exploten en régimen de arrendamiento”, salvo que se
tratara de una forma de subsistencia de las mismas “si bien en este caso podrán ser
sometidas a régimen de arrendamientos colectivos”.
Aunque el caso que vamos a exponer es bastante conocido, el paso de rebaños
trashumantes por las dehesas de Cáceres seguía estando en los años 30 a la orden del día.
806 ADGDR – Fondo Reforma Agraria – Cáceres, legajo 22: “Memoria descriptiva de los datos tomados por el Perito
Agrícola del Estado D. Juan B. Pérez Molina, de la finca titulada “Moro de Mayoralgo” del término municipal de Cáceres”.
Según SÁNCHEZ MARROYO, entre toda la familia acaparaban 11000 hectáreas en el término municipal de Cáceres, vid.
Dehesas y terratenientes...capítulo 6.
807 ADGDR – Fondo Reforma Agraria – Cáceres, legajo 21: Propuesta de Resolución de la Subdirección Jurídica del IRA al
Consejo Ejecutivo de fecha 16 de octubre de 1934 .