La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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defectos de redacción, concluyendo con un animoso —al tiempo que irónico— “debe
garantizarse en lo posible el aprovechamiento comunal” 1173 .
Para los propietarios, esta medida suponía algo revolucionario de verdad: ponía en
tela de juicio la legitimidad de gran parte de los patrimonios rústicos del país, deshaciendo
en mil pedazos multitud de inscripciones en su apreciado Registro de la Propiedad. De sus
críticas al proyecto podemos extraer como conclusión que no les queda más remedio, aún,
que guardar las apariencias. La táctica no es muy diferente a la utilizada durante todo el
periodo republicano. Tratar de hacer más farragoso el texto y el debate para primero frenarlo
y más adelante desmontarlo. Así se puede deducir de la invitación que hacen a distinguir
entre “bienes comunales”, no citados explícitamente en el proyecto, y “patrimonio rústico
municipal” o la afirmación de que no puede tener competencia en esto ni el ministro de
Agricultura ni el IRA porque el asunto pertenece al ámbito de las haciendas locales. La más
indisimulada de sus críticas es la de remontarse a 1855 que proponen rectificar con que se
pueda solicitar la readquisición indemnizada sólo de aquellos que fueron admitidos a trámite
por los tribunales. La otra queja más reiterada es la posibilidad de no indemnizar,
reclamando para todos los casos la “tasación pericial contradictoria”.
Tuñón narró en Tres claves... el largo proceso de este asunto, que había
permanecido hasta entonces en un discreto segundo plano, criticando la lentitud con que se
condujo 1174 . El proyecto no salió de la Comisión hasta el 26 de junio, más de dos meses y
medio después de su presentación. Esos primeros días se debatió con fuerza. El primer día
de debate y versionando las quejas de la APFR el cedista Víctor Berjano, cuyas
participaciones han sido glosadas por Fernando Ayala, estimó en un 70% la propiedad
potencialmente reconstituible 1175 . Utilizando un lenguaje de otro tiempo, se negaba sostén
agronómico alguno a esos bienes que “se sustraen de manos individuales y van a parar a
las manos muertas de los Municipios”. Un nuevo parón afectó al debate, que no se reanudó
hasta el 8 de julio con la exposición de Berjano, quien insistió en el peligro de que “los
municipios se puedan convertir en dueños de casi toda la tierra española”.
Sin embargo, la primera modificación al texto fue introducida por otro diputado por
Cáceres, en este caso por Izquierda Republicana. Se trata de Martínez Carvajal, quien saca
adelante no ya la fecha de referencia de 1855, sino la de 1808. Pocos días antes del golpe
de Estado, se aprobaba el primer artículo de la futura ley de Rescate y Readquisición de
Bienes Comunales cuyo texto definitivo señalaba:
“...Los municipios, las entidades locales menores o sus Asociaciones o Mancomunidades, así como las
agrupaciones intermunicipales, rescatarán o podrán adquirir, según los casos, las fincas rústicas tanto
de comunes como de propios y los derechos reales impuestos sobre las mismas que les hayan
pertenecido en propiedad, posesión o aprovechamiento con posterioridad al 2 de mayo de 1808”
En otras palabras, comenzaba la revisión de lo actuado durante toda la historia
contemporánea de España. Se reconocía algo histórico: que los municipios habían sido
expoliados de la mano de las sucesivas legislaciones desamortizadoras y que la II República
—como elemento político— actuaba para modificar ese statu quo con un fin social.
¿Quiénes podían ser los principales interesados en poner en manos municipales los
“comunales”? Esta respuesta queda abierta a todo tipo de interpretaciones y posibles
debates, pero nosotros nos atrevemos a apuntar que las sociedades afectas a la Federación
de Trabajadores de la Tierra. Dada la influencia que los socialistas poseían en los pequeños
sindicatos agrícolas locales, su afinidad con las corporaciones municipales podía permitir
arrendamientos colectivos masivos sobre fincas recuperadas y poner fin de una vez por
todas a la dependencia de los criterios patronales. Junto a las expropiaciones de fincas, la
1173 BAPFR, número 53, mayo de 1936, pp. 2-10.
1174 Tres claves..., pp. 187-190.
1175 AYALA (2000): Op. Cit., pp. 523-526.