La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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- De naturaleza jurídica, buscando los resquicios legales para librarse de la
inclusión en el inventario.
- Los que se basan en el tipo de finca para liberarse de la base 5º y pasar a la 6ª
- Los que tratan de justificar situaciones imposibles sobre el modo de explotación
de las fincas.
* En cuanto a los primeros, hemos buscado un término como “jurídico” que permitiera
entender que de lo que hablan ciertos recursos son de situaciones que nada tienen que ver
con la realidad de las fincas. Por ejemplo, podemos empezar con diversos recursos que
declaran que las fincas están sujetas a cuestiones relacionadas con herencias, instituciones
fideicomisarias o parafernales. Todas ellas no se pueden separar del elevado número de
propiedades pro indiviso que aparecen en los documentos. Al disponerse de los coeficientes
fijados por la Junta Provincial que podían retener para sí los propietarios, se hace la
correspondiente cuenta: sobre el total de la finca hay x copartícipes y las participaciones no
superan los límites establecidos. Conclusión: de esta manera se librarían de la inclusión,
pero en la mayoría de los casos ocurre que las fincas en cuestión han estado arrendadas
sistemáticamente y se deben incorporar al inventario por el apartado 12 de la base 5ª. Un
ejemplo de ambas cosas se da con la complicada herencia del Marqués de Cerralbo,
Enrique de Aguilera y Gamboa, que había fallecido en agosto de 1922. El Apoderado de la
Testamentaría argumenta en su recurso cómo se trata del antiguo patrimonio del Marqués
de Monroy, completado con alguna compra al Marqués de los Castellanos, Agustín
Maldonado y Carvajal 800 . Los herederos aún continúan pleiteando por el derecho de
mayorazgo a la Casa de Monroy del Marqués de Cerralbo, dividiéndose la herencia entre
nudos propietarios y usufructuarios, sumando entre ambos a unas 28 personas, con lo que,
según el recurrente “es evidente que unas y otras participaciones representan superficies de
cabida muy inferiores a las señaladas en la base 5ª”.
Otra circunstancia que aparece con frecuencia es el intento de librarse del apartado
12 de la base 5ª dando como inevitable la duración de un arrendamiento porque cuando se
ha comprado o heredado la finca existía un contrato que no se podía incumplir. El criterio
seguido por el Consejo Ejecutivo fue tomar la finca como un todo y considerarlas
“sistemáticamente arrendadas” con independencia de sus propietarios. Sólo en un
determinado caso hubo que hacer una excepción a este particular: las fincas a nombre de
menores que estuvieran arrendadas. Aunque apenas hemos podido ver excluidas por este
apartado poco más de un millar de hectáreas es un caso curioso.
El caso más paradigmático de recurso de tipo jurídico fue el presentado por Carmen
Cano Bravo, propietaria de Logrosán poseedora de participaciones proindivisas en diversas
fincas de la localidad y que supone un ejemplo de los esfuerzos por calificar de ilegal la
intervención del Instituto de Reforma Agraria 801 . Éstos se centraban en cinco puntos:
1º.- La ilegalidad del IRA imponía a la inclusión un vicio de procedimiento ya que “el
organismo de que ellas [la inclusión] proceden no se halla constituido con arreglo a la ley”.
Para ello argumentaba que en los decretos constitutivos del Instituto no se plasmaba la
representatividad que había establecido la ley de Bases, encontrándose “en su mayor parte
compuesto por miembros designados libremente por el Ministerio de Agricultura” y en su
opinión, arrogándose éste una intervención ejecutiva en un organismo autónomo. Este
argumento no podía proceder tan sólo de una persona aislada, ya que apareció con
800 El recurso en ADGDR – Fondo Reforma Agraria – Cáceres – legajo 28.
801 Ibídem, legajo 27. La finca en cuestión se llamaba Cañejal y, por encima de otras consideraciones había quedado incluida
por Resolución de 15 de agosto de 1934 por estar sistemáticamente arrendada.