La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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En los capítulos anteriores podíamos ver cómo la política reformista y el decreto de
Intensificación de cultivos habían calado de manera significativa en el campo cacereño.
Según venimos insistiendo desde un principio, las medidas aplicadas hasta entonces
también forman parte inextricable de la Reforma Agraria de la República con sus avances y
retrocesos. Al aludir al asunto del rescate de comunales nos referíamos por primera vez a
una ejecutoria de la ley de 1932 que quedaba definitivamente detenida a finales del mes de
febrero de 1933. Pues bien, con los planteamientos previos, es hora de abordar en
profundidad los aspectos derivados de la aplicación de la ley de Bases de Reforma Agraria.
Como ha ocurrido con otros investigadores que se han ocupado de estas cuestiones, resulta
un tanto delicada la elección de un método de análisis para el estudio de la aplicación de la
reforma. Los acontecimientos puntuales, -Registro de la Propiedad Expropiable, las Juntas
Provinciales, el Censo de Campesinos, las Delegaciones provinciales- se entrecruzan entre
principios de 1933 y las elecciones de 1936 de una forma compleja, lo que obliga a la
elección de un criterio para la explicación de los procesos principales 712 . Aquí tratamos de
conjugar, por un lado, todo lo relativo a la Junta Provincial, entre cuyas atribuciones se
encuentran la elaboración del censo de campesinos, la fijación de los límites expropiables y
la tramitación de recursos en este mismo sentido, lo que nos permite abordar en profundidad
todas las cuestiones derivadas del complejo Registro y las estrategias dilatorias a través de
un sinfín de reclamaciones. En el siguiente capítulo estudiamos la acción de la delegación
provincial de Reforma Agraria, es decir, las realizaciones de la reforma centralizadas
desde el Consejo Ejecutivo del IRA a través de sus brazos ejecutores, que no serán otros
que los ingenieros y peritos agrónomos y forestales afectos a esta institución. Ambos
asuntos transcurren paralelos entre el verano de 1933 y la primavera de 1936, cuyas
peculiares condiciones derivadas de la victoria del Frente Popular obligan a un capítulo
propio que conduce hasta el estallido de la Guerra Civil.
Como puede observarse a primera vista, existe coincidencia temporal entre el grueso
del trabajo para aplicar la ley y el Bienio Rectificador, Contrarreformista, Negro, o como lo
queramos denominar. Dicho de otro modo, en apenas dos años se debe poner en
funcionamiento una ley que el 1 de agosto de 1935 había sido transformada totalmente. La
paradoja política es que una de las enseñas de la empresa reformista de republicanos de
izquierda y socialistas habría de ser aplicada por los sectores más moderados y luego más
conservadores del espectro político, lo que pone de relieve que ni la visión ni las críticas a la
Reforma Agraria de la II República como un todo homogéneo tienen demasiado sentido.
Una vez más, consideramos que desde una visión global de la Reforma y dentro de la
compleja trama burocrática en la que quedó el híbrido de la ley de Bases, el balance de
estos casi tres años fue muy positivo. Se elaboró un Registro de la Propiedad Expropiable,
se vieron prácticamente todos los recursos, se ejecutaron expropiaciones que pasaron a ser
ocupaciones temporales dentro de los límites de la ley y se hizo frente a las rentas derivadas
de la ley de Intensificación...Todos estos procesos, a pesar de aumentar su ralentización a
lo largo de 1935, fortalecen una de nuestras hipótesis: la de que se había avanzado lo
suficiente hasta febrero de 1936 como para que al tomar el Frente Popular las riendas del
poder se conociera con bastante precisión cómo se podía acelerar la Reforma hasta
convertirla en un modelo capaz de transformar la estructura de la propiedad de la España
latifundista.
En este capítulo 6º nuestra intención es ver primero la formación de la Junta
Provincial, para luego entrar en sus atribuciones principales —censo de campesinos y
límites expropiables—, dejando para una segunda parte del capítulo la cuestión de la
712 Sin ánimo de exhaustividad, nos referimos a los trabajos que abordan la Reforma Agraria de la II República en diferentes
provincias españolas. Así, LADRÓN DE GUEVARA, Mª Paz (1993): La esperanza republicana. Reforma Agraria y
conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real: Diputación; SIGLER, Fernando (1995): Los proyectos
de reforma agraria en la provincia de Cádiz durante la II República. Repercusiones políticas y sociales. Madrid: Tesis
Doctoral de la UNED y LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio y MATA OLMO, Rafael (1993): Propiedad de la Tierra y Reforma
Agraria en Córdoba (1932-1936). Córdoba: Universidad.