La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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“...Ante la situación especial producida por las invasiones de fincas que tienen lugar en la provincia de
Cáceres y por el proyecto de ley con el que se intenta legitimar las ocupaciones arbitrarias llevadas a
cabo por orden del Gobernador Sr. Peña Novo la directiva de esta Agrupación ha tomado diferentes
iniciativas y realizado diversas gestiones, incluso con elementos parlamentarios, que no es posible ni
discreto detallar en este lugar, pero que, sin duda alguna, contribuirán de una manera eficaz a la
defensa de los propietarios de dicha región” 767
De estas declaraciones queremos destacar la expresión “legitimar”, es decir, dar rango legal
a lo ocurrido durante la actuación de Peña Novo en el invierno de 1932-33, con lo cual el
objetivo a priori de los propietarios era combatir esa posible legitimación. Como enseguida
veremos, el rumbo tomado por la ley se dirigió más bien a garantizar el cobro de las rentas
derivadas de esas “ocupaciones arbitrarias”. Añadimos, además, esa referencia a las
negociaciones con parlamentarios “que no es posible ni discreto detallar” y que abundan en
la deriva tomada por la futura ley. Ahora bien, en el semanario trujillano Decimos, Alfonso
Bardají narraba que lo que se tramaba era un “contraproyecto” que sería entregado a los
diputados cedistas y que seguirían las indicaciones del Comité de Enlace de Entidades
Agropecuarias para cambiar todo lo posible del original proyecto mediante enmiendas o
durante la discusión parlamentaria 768 .
El nuevo Ministro, el radical Cirilo del Río se vio acorralado por una compleja
herencia jurídica —los asentamientos de Peña Novo— y el conocido asunto de los
interdictos de desahucio que algunos jueces estaban ya ejecutando en la provincia. Cuando
el proyecto de ley ya estaba perfilado, Del Río se refería a que la intencionalidad del mismo
era “que el campesino mantuviera las tierras hasta que recoja la cosecha y que al
propietario le pague la renta el Instituto de Reforma Agraria” 769 .
La CEDA eligió a Adolfo Fernández Gutiérrez, uno de los diputados de Derecha
Regional Agraria, para lanzar un duro discurso contra la ilegalidad del decreto de
Intensificación y el peligro de “convalidar, dándole cauce legal, una porción de hechos
ilegales [que] lleva en sí la ruina de la provincia” 770 .El tono catastrofista y apologético no es
sino la enésima argumentación de los propietarios a favor del aprovechamiento ganadero y
forestal unido ahora a la exigencia de responsabilidades e indemnizaciones por todo lo
acaecido en sus fincas: curiosamente, en nombre de quienes habían sido incapaces durante
decenios de indemnizar a sus arrendatarios por las mejoras efectuadas en las fincas,
exigían ahora cobrar por los daños que entendían que la sembradura había dejado en sus
propiedades.
Como muestra de que aún las diferencias entre radicales y cedistas eran grandes,
contamos con las aportaciones del diputado lerrouxista por Cáceres Fulgencio Díez Pastor.
Uno de los aspectos más interesantes de su intervención en el debate sobre la futura ley de
11 de febrero de 1934 fue el referido a reconocer que “las intensificaciones de cultivo
vinieron a aumentar el número de yunteros; una cantidad grande de campesinos vio una
salida para emplear sus actividades, y en estos momentos —añadía— hay en la provincia
de Cáceres más yunteros que nunca” 771 . De este modo podemos contrastar algo que ya
anunciábamos anteriormente: que la posibilidad de obtener tierras para labrar lanzó a los
campos a numerosos trabajadores llamémosles “urbanos” que, ante la situación de crisis
767
BAPFR (1934), Madrid, número 25, pág. 3.
768
BARDAJÍ, Alfonso (1934): “Intensificaciones de cultivos”, Decimos (Trujillo), número 32, pág. 2. La creación de un
Comité de Enlace de Entidades Agropecuarias era un objetivo prioritario de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas
que se obtuvo en la Asamblea Nacional de Labradores de 18 de septiembre de 1933 y en la que Extremadura estaba muy bien
representada con tres miembros en la Junta Directiva entre los cuales se encontraba Teixeira (que sería vocal también en el
Consejo Ejecutivo del IRA) Y Fernando Muñoz Fernández de Soria, gran propietario y máximo representante en tiempos del
albismo en Cáceres y presidente de la Diputación en 1921. Vid. CABRERA, Mercedes (1976): Loc. Cit., pág. 137.
769
El desarrollo de este debate y las intervenciones de los diputados extremeños en AYALA (2000): Op. Cit., volumen II, pp.
428-440 y 486-502.
770
Ibídem, pág. 429.
771
Ibídem, pág. 374.