La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Varias fincas del término de Cáceres, propiedad de Gonzalo López Montenegro, prohombre
de Unión Patriótica durante la Dictadura de Primo de Rivera y uno de los anfitriones de
Franco durante su estancia en la capital cacereña durante el verano de 1936 “se llevan de
puro pasto directamente por su propietario con ganado propio sosteniéndose en ellas 2000
cabezas de ganado lanar en régimen trashumante” 808 . Salvo una de las fincas todas fueran
excluidas del Inventario (en torno a 800 hectáreas). No obstante, López Montenegro, como
heredero del Marqués de Camarena la Vieja, procedía, según nos referencia Sánchez
Marroyo, de una familia de hacendados y trashumantes 809 .
Otra situación que se da en algunos recursos es la derivada del apartado d) de la
base 6ª, la que presentaba el repertorio de excepciones de la expropiación. Este apartado
excluía “las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser
consideradas como tipo de buen cultivo técnico o económico”. El interés de estos recursos
radica en que explican las transformaciones —el adehesamiento— de fincas antes no aptas
para el cultivo realizadas en las décadas anteriores y a algunas de las cuales ya nos
referíamos en el capítulo 2º de esta Memoria. Ahora vienen al caso porque varios de estos
recursos se presentaban acompañados de un informe técnico de cultivo ejemplar realizado
—o al menos firmado— por el ingeniero que fuera Jefe del Servicio Agronómico Clemente
Sánchez Torres y de cuyas actitudes interesadas dábamos cuenta al narrar la parcelación
de la finca El Collado de Sierra de Fuentes. Es el caso de las fincas de Logrosán Caserío
del Rincón y Valdepalacios, pertenecientes proindiviso a la familia Artaloytia Sánchez y al
abogado Enrique Cortés. Entre otros copropietarios de esta finca aparece Carmen Cano
Bravo, aquella a la que citábamos por su recurso basado en la falta de legitimidad del IRA y,
¡vaya casualidad! esposa de Cortés. De nuevo la historia nos va remontando
progresivamente a distintos aspectos que terminan por converger y que comienzan en la
desamortización. La familia del político Bravo Murillo está entre las compradoras de fincas
procedentes de la nacionalización de los bienes de los monjes jerónimos de Guadalupe,
cuyas inmensas propiedades fueron a parar a distintas manos. Los Artaloytia, notable familia
con vinculaciones en Trujillo y Logrosán, son unos de los compradores de estas fincas.
Carmen Cano, Enrique Cortés o el ingeniero Clemente Sánchez Torres, al estar vinculados
entre sí, muestran cómo este amplísimo repertorio de recursos tiene múltiples conexiones
donde lo jurídico y lo técnico se unen para que los grandes burgueses terratenientes no se
vean implicados en la posible expropiación. Pero las conexiones se van ampliando: el
abogado Cortés aparece como representante en los recursos de Teresa Muguiro Cerrajería,
condesa de Liniers y casada con un consejero del Banco de España que era quien
ostentaba el título nobiliario...y así sucesivamente 810 .
Queremos decir con esto que al cruzar los datos de Sánchez Marroyo basados sobre
todo en el Catastro con los recursos a la inclusión en el Inventario, vemos un alto grado de
coincidencia: la gran propiedad cacereña acude en masa a recurrir con argumentos jurídicos
(defectos de forma) o técnicos (informes de cultivo ejemplar, tipo de dehesa, etcétera) muy
parecidos entre sí, lo que nos hace pensar en una estrategia común de los grandes
terratenientes. La presencia de Clemente Sánchez Torres, al fin y al cabo un representante
de la administración del Estado durante la crisis de la Restauración, muestra la connivencia
con este sector. Unido a esto, la conclusión es que el objetivo se fue consiguiendo:
minimizar el impacto de una posible expropiación. En las dehesas de la Sociedad Artaloytia
que venimos comentando, de las 4198 hectáreas sólo se incluyen 2930, es decir, aún
seguirían conservando la nada desdeñable cifra de 1200 hectáreas en el supuesto caso de
una expropiación.
808 ADGDR – Fondo Reforma Agraria – Cáceres, legajo 46: Informe técnico sobre la inclusión en el Inventario de las fincas
Trashijadas o Golondrinas, Ruda, Mingajilla de Ventosa y Cerca de Maltravieso, firmado por el ingeniero agrónomo Delfín
de Irujo y propiedad de D. Gonzalo López Montenegro.
809 Dehesas y terratenientes..., capítulo 6. En las declaraciones hemos podido comprobar como un número no desdeñable de
propietarios daban como lugar de residencia pueblos de La Rioja (Sierra de Cameros) o de Ávila, lo que avala aún más esta
presencia secular.
810 Todos estos recursos en ADGDR – Fondo Reforma Agraria – Cáceres, legajos 27 y 28.