La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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distinción de propios y comunales” 534 . Este tipo de demandas viene a colación del
precedente de 1931, cuando se había preguntado a los ayuntamientos por todo tipo de
patrimonios públicos.
También resurgían con fuerza las quejas por el exceso de cabida, como hizo el
ayuntamiento de Piornal al referirse a 600 hectáreas ”usurpadas indebidamente por
propietarios sin tener títulos de propiedad” 535 . En situación parecida se dirigía al Ministro de
Agricultura el alcalde de Valdehúncar, quien a través de certificación del Registro de la
Propiedad podía acreditar el caso de un comprador que se hizo “con 800 fanegas y acaparó
1430 que constituyen hoy la finca”, caso curioso porque no pide el rescate de toda la finca,
sino la restitución de la diferencia al pueblo 536 .
La petición de deslinde, si no de recuperación de la propiedad pública al tratarse de
fincas de origen señorial, era realizada también por la Sociedad Fraternidad Obrera de
Cuacos de la Vera “para que sea devuelta al menos a este ayuntamiento el exceso de
cabida que tienen más de lo amillarado, pues a todas luces se ve que esto ha sido una
usurpación hecha por este propietario a los bienes comunales” 537 . En este caso las fincas
eran del Marqués de Mirabel, confirmando una vez más que la desamortización sobre
antiguos terrenos concejiles fue especialmente intensa en las comarcas del Tiétar
cacereño 538 . Otro ejemplo más de este recuerdo de exceso de cabida y caciquismo en esta
zona lo evidencia el informe para el rescate de comunales del ayuntamiento de Talayuela:
“...Estos terrenos los venía usufructuando mancomunadamente estos vecinos hasta hace unos 30 años,
en que el referido José Encabo del Monte y su antecesor Vicente Pizarro lo usurparon a la comunidad
de vecinos, hechos que resultan probados mediante la información testifical obrante en este expediente,
lo que pudieron hacer fácilmente en atención a ser ellos y después sus sucesores, hasta no hace
muchos años, los que ocupaban los cargos de autoridades en esta localidad, siendo, por consiguiente,
los que disponían de la influencia en el Gobierno para que las resoluciones que este dictara fueran de
acuerdo con los deseos de aquellos” 539
Como vemos se trata de una verdadera evocación a la preeminencia de los derechos de
antiguos oligarcas y a su sustitución derivada de la masiva democratización de las
instituciones municipales de la zona. En otros casos, los pueblos se lamentaban de la
pérdida del carácter comunal de las dehesas boyales, como se demuestra en una carta de
la Agrupación Socialista de Higuera de Albalat en la que utilizan la mediación del líder
fenetista Lucio Martínez Gil para que se recupere su dehesa boyal “prenda de nuestros
amores y paulatinamente desmembrada desde que fue vendida en 1893” 540 .
Otra serie de pueblos consideraba que ya había cumplido con sus obligaciones en 1931
eran conscientes de que hasta que no se dictaran normas complementarias no sería posible
la aplicación de las bases 20 y 21 de la ley de Reforma Agraria.. Pueblos como Huélaga,
Torrequemada u Oliva de Plasencia se dirigían al Instituto solicitando que se votara cuanto
antes la ley de rescate. Hay casos muy sentidos como el de Jarandilla, en que la sección
local de la Unión General de Trabajadores se dirige al ministro primero advirtiéndole “en
previsión de actos violentos que todos tenemos el deber de evitar” y luego solicitándole que
“recoja estas lamentaciones de los sufridos obreros fieles defensores del régimen que tanta
534
ADGDR, Fondo Señoríos y Comunales, legajo 21, carta de la Sociedad Obrera de Agricultores de Hernán Pérez al
Instituto de Reforma Agraria, de 16 de diciembre de 1932.
535
Ibídem, carta de 6 de febrero de 1933.
536
Ibídem, carta de 12 de enero de 1933.
537
Ibídem, carta de 5 de diciembre de 1932.
538
Cfr. Para esta cuestión SÁNCHEZ MARROYO (1993): Op. Cit., pág. 93 y RIESCO, Sergio (2000): “Los bienes
comunales del Campo Arañuelo a lo largo del siglo XIX”, en Actas de los VII Coloquios Histórico-Culturales del Campo
Arañuelo, pp. 29-31.
539
ADGDR, Fondo Señoríos y Comunales, legajo 21, carta-informe del ayuntamiento de Talayuela al Instituto de Reforma
Agraria de 25 de enero de 1933.
540
ADGDR, Fondo Señoríos y Comunales, caja 21, carta de 22 de febrero de 1933.