La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Reforma Agraria. No debemos olvidar que estos mismos personajes del Servicio
Agronómico podían ser, al mismo tiempo, los brazos ejecutores del Catastro e incluso ellos
mismos propietarios de grandes cantidades de tierra. Pero antes de todo esto, todo parece
indicar que no se esmeraron mucho en aplicar la legislación que se difundió sobre estas
cuestiones y que a continuación pasamos a ver.
El Decreto de 7 de mayo de 1931 —insistamos, tres semanas después de la
proclamación del nuevo régimen— es el primer elemento sobre el que se asienta el laboreo
forzoso 413 . Siguiendo a Martín Valverde, el decreto se articulaba sobre tres preceptos
básicos: en primer lugar, la averiguación por unas “comisiones de policía rural” de cuáles
eran las fincas ya roturadas “con arreglo al uso y costumbre de buen labrador”; en segundo
“la formulación en dichos casos por las mencionadas comsiones de un programa de trabajo
y el requerimiento a los propietarios absentistas para que lo cumplimentaran sin demora” y
tercero “la realización de los cultivos señalados bajo el control de la comisión y por cuenta
del propietario, en el supuesto de negativa infundada de éste a realizarlos por sí” 414 . Si se
lee con detenimiento, lo que parece claro es que este decreto está en la misma línea del
resto de la legislación social al tratar de movilizar las tierras no cultivadas o intensificar su
cultivo en los supuestos en que esto fuera posible.
Al promulgarse la ley de 23 de septiembre se empleaba por primera vez el concepto
de “utilidad pública” para ser aplicado “en el momento y en las provincias en que la dejación
del cultivo coincida con la existencia de obreros agrícolas sin trabajo” 415 . Por el momento, la
ley de 23 de septiembre entraba en vigor en Andalucía, Extremadura, Toledo y Ciudad Real
(artículo1º). Para completar el conjunto legislativo un Decreto de 24 de enero de 1932
creaba la Comisión Técnica Central de Policía Rural 416 . Según la parte expositiva de este
decreto, sus funciones debían ser las de resolver “en cada caso y con la debida rapidez,
cuál sea el cultivo y cuáles los medios más adecuados que hayan de ponerse en práctica
para el laboreo de las tierras”. Se enfatizaba el carácter de “técnica” con el fin de apartar la
“posibilidad de las luchas partidistas locales, dadas siempre a inevitables apasionamientos,
que es forzoso procurar que desaparezcan” 417 .
A pesar de lo compacto de la legislación, insistimos en que dudamos de su
efectividad real, ya que con este marco no hubiera sido necesaria la promulgación de un
nuevo decreto de Intensificación. En los ayuntamientos existían unas juntas locales agrarias
sobre las que se deberían fundar las comisiones de policía rural con la supervisión del
Servicio Agronómico Provincial. Siguiendo el Boletín de la Provincia, parece que sus
funciones estuvieron más dirigidas a controlar los stocks de trigo y menos a la aplicación de
la legislación de laboreo forzoso. Además, el decreto precitado dotaba de una labor
meramente “informativa” a las Comisones municipales de policía rural. El verdadero impulso
a un expediente lo debía dar la Sección Agronómica a la Comisión Central que era la que
debía dictaminar. Si por parte de dicha Sección no se daba traslado a las denuncias era
obvio que no podía aplicarse vigorosamente el decreto 418 . En esta línea se pronunciaba la
Sociedad Socialista Obrera del Casar de Cáceres al quejarse de la falta de tierras y del
paro:
413
Fue elevado a rango de Ley el 23 de septiembre de 1931, Gaceta de Madrid de 25 de septiembre.
414
MARTÍN VALVERDE: Art. Cit., pág. 125.
415
Artículo 1º de la Ley de 23 de septiembre.
416
Gaceta de Madrid de 29 de enero de 1932.
417
Ibídem.
418
Al encontrar en un ínstrumento de descripción de la Dirección General de Agricultura en el Archivo General de la
Administración, la expresión “laboreo forzoso” con fecha inicial en 1933 tuvimos la esperanza de encontrar información
pormenorizada sobre este particular. Sin embargo, todos los expedientes consultados en 20 legajos correspondían a la misma
institución pero ya durante el régimen de Franco. Podremos ver más adelante cómo en algunos de ellos aparecen grandes
propietarios afectados por la Reforma Agraria republicana.