La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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tenía la obligación de dar respuesta a cien años de irredentismo agrario. Todos estos
problemas que, como diría Azaña, no los había generado el nuevo régimen sino que los
había heredado, se desenvuelven en medio de la crisis internacional de mayor incidencia en
el sistema capitalista.
- En 1931, el Estado redistribuidor topaba con la competencia de las fuerzas políticas en
liza. El bando de quienes no querían reforma agraria alguna estaba bastante claro y lo único
que les preocupó fue la lentitud con que reaccionaron a los embates del verano de 1931,
pero cuando lo hicieron fueron capaces de empantanar la reforma en un marasmo legal; por
su parte, estaban los republicanos moderados que simplemente no sabían bien qué querían,
pues el respeto a la propiedad prevalecía en su ideario por encima de toda consideración; y
por fin estaba la izquierda, con su propia fragmentación entre los anarquistas –con gran
predicamento en zonas concretas de la provincia de Cáceres-, los comunistas que se fueron
definiendo a favor de la expropiación de grandes fincas para su posterior parcelación entre
los campesinos y los socialistas, que al cabo eran los únicos que tenían un programa agrario
desde 1919, que lo llevaron al Pacto de San Sebastián pero que por supuesto padeció de
numerosos vaivenes entre sus distintas corrientes 1294 .
Puesto encima de la mesa el tema de la Reforma Agraria, cada uno trató de “llevar el
Estado al campo a su manera”. Los sectores más conservadores y opuestos a la Reforma
Agraria trataron de llenar las instituciones dedicadas a la misma de garantes de sus
derechos: abogados del Estado, Registradores de la Propiedad, funcionarios del Servicio
Agronómico y de los Distritos Forestales...es decir cuerpos procedentes de la Restauración
y con un talante generalmente conservador. Por su parte, los partidarios de la Reforma
Agraria postulaban que unos técnicos de nueva creación, agrupados en torno al IRA, fueran
los encargados de aplicarla.
Pero lo que ambos bloques antagónicos conocían es que la representación más
genuina del Estado para ser partícipe de lo que pasaba en el campo e inclinar la balanza
hacia uno u otro lado dependía del control de la administración local. A través de los
ayuntamientos se podía controlar la vida agraria de cada localidad (¿qué sino esto hizo el
régimen de Franco con las hermandades?). Por eso, en la medida en que durante el primer
bienio y el Frente Popular las corporaciones locales tuvieron un mayor predominio de
fuerzas progresistas, la posibilidad de una verdadera Reforma Agraria estuvo más cerca.
Pero desbancar el poder de la oligarquía agraria incluso a nivel local no resultaba tan
sencillo: disponían, como ha señalado con acierto Mario López, de las “clases de servicio”,
entre las cuales se encontraban los jueces, por ejemplo. Por eso durante el segundo bienio,
los opositores de la Reforma Agraria trataron de apuntalar el control social local,
atemorizados ante procesos que no habían podido reducir como las invasiones de fincas. Es
lo que López denomina la “fuerte marcha para acelerar los diversos procesos de trasferencia
política” a favor del incremento de los “aparatos represivos del Estado” 1295 . Las
conservadoras comisiones gestoras que condujeron la vida local entre 1933 y 1935 y la
renovación de los juzgados municipales que se produjeron en el verano de 1934 no hicieron
sino incidir en este equilibrio de fuerzas decantándose a favor de los propietarios. La inquina
contra las casas del pueblo se explica así de una forma autónoma: eran la verdadera
representación de un competidor, de un contrapoder en el marco de unas relaciones de
dependencia.
1294 NAREDO y GONZÁLEZ de MOLINA (2002): Loc. Cit., pág. 97, consideran que existen dos momentos diferenciados
en las crecientes reivindicaciones del campesinado: hasta el denominado Trienio Bolchevique se centran en el “retorno al
pasado” mediante el rescate de comunales y el reparto de suertes de propios; a partir de ahí, con la creciente salarización de la
agricultura, las demandas se centran en la fragmentación de los latifundios y los repartos de tierras. Suscribimos estas
posiciones con excepción de lo referido a los comunales, que nunca se elimina de la memoria colectiva del campesinado ya
que muchas de sus prácticas siguen aún vigentes. Agradecemos a José Miguel Lana esta visión holista de la supervivencia de
los comunales que desarrollamos un poco más abajo.
1295 LÓPEZ MARTÍNEZ (1995): Op. Cit., pág. 500.