La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Como se puede observar, tierras había, pero no disponibles para el trabajo de los obreros
porque en este caso, como en otros muchos, a finales de septiembre el ministerio de
Trabajo comunicaba al pueblo de Membrío que no había habido acuerdo con el sector de los
propietarios. Se explica así la doble constante que caracterizará la solución económica dada
a los problemas sociales: parcelación de los grandes latifundios y cambios en las
condiciones de los arrendamientos y aparcerías. Eso explica la meridiana claridad de las
peticiones de los obreros agrícolas en la primavera de 1931: reducción de las rentas,
humanización de las condiciones, particiones más equilibradas en las aparcerías... 357 . Así
las cosas, resulta lógico que una de las áreas prioritarias de la legislación proviniera al
alimón del ministerio de Justicia y el de Trabajo. Se hizo necesaria la combinación de
diversas medidas de política social para intentar deshacer esa situación de paro estructural
que en aquel sistema de producción abocaba al paro a gran cantidad de obreros.
A continuación, nuestra atención se focalizará en cuatro asuntos principales:
- La toma de posiciones por parte de los sindicatos y de la patronal durante las primeras
semanas de andadura del nuevo régimen.
- Los efectos de la aplicación de la legislación social de los ministerios de Trabajo, Justicia
y Economía, que instituyen la intervención del Estado en el mercado de trabajo
buscando “una limitación real a las prerrogativas y privilegios de los patronos
agrícolas” 358 .
- La presencia de proyectos de colonias y parcelaciones que se presentan al hilo del
cambio de poder, basadas en las regulaciones legales de 1907 y 1927. Se deben añadir
a las ya relatadas de Cañamero, Campo Lugar y Sierra de Fuentes y a otra serie de
disposiciones legales previas a las que los remozados y democratizados ayuntamientos
trataron de acogerse para poner en movimiento tierras para el cultivo y así aliviar la crisis
social existente. Las instituciones municipales recurren al gobierno central en busca de
soluciones sobre la base de la legislación vigente, pero el vacío existente durante 1931
en la materia demostró las limitaciones que presentaba aquel ordenamiento y la
imposibilidad de atajar los problemas mediante esas vías. Es otra forma de observar la
necesidad de la ley de Reforma Agraria y la enésima demostración de la tibieza de las
medidas que se habían tomado hasta entonces para alterar la situación de la propiedad.
- En último lugar, queremos aproximarnos a las respuestas de los pueblos a la Circular del
Ministerio de Gobernación de 16 de junio de 1931 en la que se solicitaba a los alcaldes
que remitieran a la Comisión Técnica Agraria datos, informes, reclamaciones sobre
“despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales, de propios,
realengos, baldíos, dehesas boyales o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o
aprovechamiento, o ambos a la vez hubieran pertenecido a los vecinos en común,
incluyendo entre estos bienes a los conocidos con el título de señoríos”.
Como es sabido, la Comisión Técnica Agraria trabajaba en un proyecto de rescate de
comunales que no llegó a materializarse. Este primer impulso a esta cuestión supuso la
Hinojares, eran grandes terratenientes propietarias de antiguas encomiendas de la Orden de Alcántara. Antonio Garay,
propietario de un magnífico palacio en Membrío, era conocido por ser el organizador de cacerías en las que no era
infrecuente la presencia de Alfonso XIII. El banquero Juan Vitorica, conde de los Moriles desde 1921 también había labrado
una gran fortuna en Membrío a base de bienes procedentes de la desamortización. La Marquesa de Hinojares era Josefa
Salamanca Wall, hermana del Conde de Campo Alange y cuya fortuna se extendía a los vecinos pueblos de Cedillo y
Valencia de Alcántara. No hubiera sido posible disponer de esta información sin el pormenorizado estudio de SÁNCHEZ
MARROYO (1993).
357 Nuevo Día (Cáceres), 28 de abril de 1931, citado por GARCÍA PÉREZ et al...(1985): Op. Cit., pág. 995.
358 Ibídem, pág. 324.