La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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6.2.1. Los supuestos expropiatorios, la declaración de fincas y los
recursos contra la inclusión en el Inventario de las fincas sujetas a
posible expropiación con indemnización
La base 7ª de la ley de 1932 establecía que “en cuanto se constituya el Instituto, procederá
a la formación de los bienes comprendidos en la base 5ª”. A pesar de anunciar órdenes y
disposiciones aclaratorias —según Mata Olmo y López Ontiveros fueron necesarias más de
20 790 —, lo cierto es que se precisaba bastante el procedimiento a seguir. Se
responsabilizaba del mismo a los registradores de la propiedad, se establecía un plazo de
un mes para presentar las declaraciones y el IRA se daba un año para tener terminado el
Registro 791 .
Se daba prioridad a la inclusión en el Inventario de determinadas tierras
comprendidas en diferenes apartados de la base 5ª que eran los que habían de constituir el
grueso de la Reforma Agraria:
- Las no sometidas a explotación directa y las compradas con fines especulativos o
rentistas (apartado 5).
- Las procedentes de señoríos jurisdiccionales y viejos señoríos que continuaran
siendo arrendados bajo la claúsula de “a riesgo y ventura” (apartado 6)
- Las que no hubieran ejecutado las obras previstas en el Plan Nacional de Obras
Hidraúlicas para puesta en riego (apartado 8)
- Las famosas tierras de ruedo, las próximas al casco urbano de los pueblos, en
caso de que no hubiera cultivo directo y que el propietario poseyera en el mismo
término fincas que superasen un valor en renta catastral de 1000 pesetas
(apartado 10)
- Aquellas que, en manos de un solo propietario superasen una sexta parte del
término municipal y además pagara por ellas un 20% del total del líquido
imponible del pueblo (apartado 11)
- Las sistemáticamente arrendadas durante más de 12 años (apartado 12)
- Las que superasen los límites que concretaran las Juntas Provinciales y a las que
ya nos hemos referido según la horquilla prevista en el apartado 13 y que en
Cáceres se fue de forma mayoritaria hacia el tope máximo.
Aunque esta casuística sea muy variada, los estudios de Pérez Yruela para Córdoba o de
Sígler para Cádiz nos muestran que eran estos dos últimos apartados en los que quedaron
reflejadas la mayor parte de las fincas 792 . Cáceres desde luego no se desvió de esta
tendencia ya que sobre los datos disponibles un 63% se consideraron incluidas por el 12 y
un 48% por el 13. No se deben sumar estos porcentajes ya que en las declaraciones se
podían incluir las fincas por más de un apartado.
Pero antes de entrar más a fondo en estas consideraciones, creemos que lo
fundamentado de esta tendencia permite relativizar la hipótesis de Malefakis, sostenida
durante años, de que al incluirse las tierras de ruedo “la reforma acabó por dañar más a los
pequeños y medianos propietarios que a los latifundistas del sur” 793 . Es cierto que la
cuestión de los “enemigos innecesarios de la reforma” estará siempre presente, pero con los
datos del Registro de la Propiedad Expropiable en la mano, lo que se demuestra es que la
Reforma atacaba la gran propiedad —componente sociopolítico— y a los arrendamientos
790 Ibídem, pág. 24.
791 No menos importante es la inclusión en esta Base de una referencia a otro futuro Registro, que podíamos llamar de
carácter forestal: montes públicos, baldíos, terrenos necesitados de reforestación, montes privados de explotación
defectuosa...
792 En el caso de Córdoba el 90% de las fincas potencialmente expropiable se encontraba recogida en estos dos apartados. Cf.
PÉREZ YRUELA (1979): Op. Cit., pág. 82 y SÍGLER, Fernando: Op. Cit., apéndices.
793 Reforma agraria..., pág. 252.