La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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para el legislador un potencial control ante posibles faltas administrativas. En segundo lugar,
señalaba el procedimiento administrativo que debía seguirse en aquellos pueblos donde no
se hubiera realizado el censo para tratar de evitar nuevos retrasos, todo dentro de unos
plazos más ajustados a la realidad. Finalmente, el decreto de diciembre de 1934 afirmaba su
vocación de continuidad al referirse en su artículo 23 a la realización “de una verdadera
revisión del Censo” que debía verificarse durante el mes de enero de cada año. Estamos
ante una nueva dilación que aunque no afectaba a los asentamientos ya realizados, suponía
un nuevo triunfo para las autoridades locales que no estaban interesadas en disponer del
censo. Recordando las competencias de las Juntas provinciales y locales, una orden de 18
de diciembre de 1934 establecía que era responsabilidad de aquéllas la formación de éstas,
urgía a la elaboración y reclamaba el celo de las provinciales en el cumplimiento de los
plazos, aplicando las sanciones que fueran necesarias 739 .
Así volvía a comenzar un proceso que todavía en 1936 seguía en marcha: lo que se
había previsto para diez días tardó en realizarse tres años sumido en complejidades
burocráticas y desinterés pautado desde determinados ayuntamientos. De este nuevo y
“definitivo” censo, empezaron a llegar ejemplares para su aprobación en mayo de 1935. De
nuevo comenzó el trasiego de censos desde las juntas locales hasta la provincial,
imponiéndose multas que eran reclamadas y en algún caso condonadas, pero que
demuestra las múltiples complicaciones que se derivaron de la elaboración del censo.
Debemos reconocer que disponer de unos datos actualizados sobre el paro campesino en
los años 30 del siglo XX no debía ser tarea fácil. Pero la conclusión que parece evidente es
que no hubo mucho interés desde determinadas Juntas en que se dispusiera efectivamente
del censo, ya que este era un trámite que, una vez realizado, simplificaba parte del
proceloso asentamiento de campesinos en las fincas expropiadas para los fines de la
Reforma. Los datos de que disponemos pertenecen a este segundo censo, el realizado
entre 1935 y 1936, y que estaba en trámite de aprobación para numerosos pueblos todavía
en la primavera previa a la Guerra Civil.
Tabla 6A:
Resumen del censo de campesinos de la provincia de Cáceres por partidos judiciales (1935-1936)
Partido judicial Ayuntamientos Censos de campesinos (remitidos)
Con datos Sin datos TOTAL Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Alcántara 4 4 8 1.547 4 83 341
Cáceres 7 2 9 2.026 12 298 1.307
Coria 14 4 18 1.305 18 585 821
Garrovillas 9 3 12 1.971 11 415 792
Hervás 23 5 28 2.596 14 2.028 723
Hoyos 12 5 17 1.105 3 1.170 222
Jarandilla 15 3 18 1.941 2 1.502 630
Logrosán 8 5 13 1.617 7 948 1.238
Montánchez 9 5 14 1.565 8 843 599
Navalmoral de la Mata 30 1 31 2.673 13 1.547 1.800
Plasencia 16 7 23 1.475 15 1.307 712
Trujillo 18 4 22 2.965 23 1.301 1.727
Valencia de Alcántara 7 1 8 1.895 10 546 812
Entidades sin ayto. 204 1 132 29
TOTALES 172 49 221 24.885 141 12.705 11.753
Fuente: elaboración propia, a partir de ADGDR, Fondo Reforma Agraria 1, caja 16, carpeta D y Actas de la Junta
Provincial de Reforma Agraria de Cáceres 740
739 Publicada en la Gaceta de Madrid de 19 de diciembre de 1934.
740 La fuente de archivo no está fechada: lo que nos permite conocer su datación es que los datos concuerdan con los
publicados en las actas de la JPRA. A diferencia de los de 1933-34, en las actas de 1935-36 se recogen fehacientemente no
sólo la fecha de aprobación del censo sino las cifras de cada uno de los grupos. Salvo errores u omisiones, cruzadas ambas
fuentes el resultado es el mismo.