La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, desde que comenzaba el proceso hasta
que una explotación se ponía en marcha por parte de los yunteros y con la tutela de los
técnicos del IRA, eran numerosos los pasos que se debían atravesar. Se debe observar este
proceso siempre dentro del amplio repertorio de mecanismos dilatorios en la que se habían
embarcado los grupos políticos que se oponían al proyecto desde el verano de 1931.
A nuestro entender, son tres los momentos que constituyen el proceso expropiatorio:
1º.- La declaración de las fincas a las que nos hemos dedicado extensamente en el capítulo
anterior y que ya hemos visto como también significaba casi dos años desde que se
registraba la propiedad hasta que había “sentencia firme” sobre su inclusión en el Inventario.
2º.- Desde la llamada “propuesta de expropiación” hasta que se procedía a la incautación de
la finca. Este paso se ejecutó con mayor celeridad desde la circular del IRA que acabamos
de ver. Esto es lo que se llevó a cabo entre febrero y abril de 1934. En el caso de la
provincia de Cáceres la primera convocatoria de incautación procede del 3 de marzo de
1934, fecha en la que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la de las parcelas
que en Sierra de Fuentes poseía el Duque de Peñaranda. El día 15 de ese mes se produjo
el acto de incautación que suponía la toma de posesión de dichas parcelas por pequeños
yunteros arrendatarios de la zona 942 . En este caso no era necesario el plan de asentamiento
pero entre marzo y abril de 1934 en que se incautaron el grueso de las fincas del Marqués
de Comillas, del Duque de Peñaranda y del Conde de Torre Arias, pasaron varias semanas
hasta que se verificó la entrega de la finca. En esas semanas se siguió un doble proceso:
- de una parte el I.R..A. preparaba todo el expediente que trataba de dar vigor procesal a
las expropiaciones, incluyendo un dictamen del Abogado del Estado afecto al Instituto, la
certificación de la Subdirección Jurídica de que efectivamente las fincas estaban
inscritas en el Inventario y la aprobación de la incautación en el Consejo Ejecutivo.
- Por otro lado los técnicos del IRA “preparaban” el modelo de explotación que se debía
seguir para mantener o en su caso mejorar la productividad de la finca. A este asunto
nos referiremos al estudiar el desenvolvimiento de las comunidades de campesinos.
Desde luego la incautación era uno de los momentos estelares de todo el procedimiento ya
que hacía realidad lo que el espíritu inicial de la Reforma perseguía: que el Estado asumiera
la dirección de las explotaciones agrarias deficientemente cultivadas con la esperanza de
reformar el campo español.
El Secretario de la Junta Provincial debía levantar acta de la incautación asistiendo varios
miembros de esta institución y el propietario o sus representantes con los arrendatarios de la
finca. Luego de describir la finca se hacía referencia a las características agronómicas y
forestales más notables y a los datos fiscales de la propiedad. Tras describirse el título de
propiedad y cargas, se explicaba la situación de la finca, con especial referencia a las
“mejoras útiles no amortizadas” —por las que el IRA garantizaba un pago— y al estado de la
explotación en cuanto a labores preparatorias y cosechas pendientes que tenían los
arrendatarios.
3º.- El último paso de la expropiación era el impulso del Negociado de Acción Social del IRA
y de los técnicos de la delegación Provincial para que en la finca incautada se implantara
una comunidad de campesinos, otro de los momentos importantes del procedimiento y que
culminaba con el momento en que los yunteros levantaban su acta de constitución y
optaban por el modo de explotación (anticipamos ya que en Cáceres siempre el “individual”)
con que querían trabajar en la finca expropiada. A partir de ahí, y bajo la tutela del IRA la
942 Un modelo de “Acta de incautación de una finca de la extinguida Grandeza de España” se adjunta como anexo a esta
Memoria.