La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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escrito desde una institución pública la necesidad de recurrir a la propiedad privada para
solucionar el problema agrario.
El informe terminaba con la sugerencia de aquellos montes públicos que serían
objeto de colonización “inmediata”. Aquí se observaría el espíritu más pragmático y directo
de la Junta Central en esta nueva etapa: se eliminarían los montes de los Catálogos de
Fomento y Hacienda que fueran inferiores a 500 hectáreas, los que tuvieran el vuelo
enajenado —tras las malas experiencias— y aquellos que por su pureza forestal fueran
incolonizables. Realizadas tales salvedades les quedaron 14 montes en la provincia. De
todos ellos se dispuso un plano, su estado legal, sus aprovechamientos actuales en aquel
momento y las circunstancias de suelo y clima que hicieran favorables la colonización de la
finca:
Tabla 3F:
Relación de montes públicos que podrían ser colonizados en 1918
Nombre del monte Localidad Extensión en has. Competencia
Mesillas de Collado Collado 1.509 Fomento
Torreseca Jarandilla 20.227 Fomento
Robledo Losar de la Vera 1.000 Fomento
Centenillo Talayuela 1.026 Fomento
Dehesa Boyal Abertura 500 Hacienda
Dehesa Boyal Aceituna 752 Hacienda
Dehesa Boyal Escurial 620 Hacienda
Dehesa Vieja Guijo de Coria 800 Hacienda
Robledo Malpartida de Plasencia 1.200 Hacienda
Dehesa Nueva Peraleda de la Mata 471 Hacienda
Egido Santa Cruz de la Sierra 751 Hacienda
Miramontes Talayuela 770 Hacienda
Huerta Vieja Zorita 576 Hacienda
Zorro Zorita 1.070 Hacienda
Totales 14 13.072
Fuente: ADGDR (1918), Fondo Reforma Agraria 1, Caja 16: informe de la Junta Central de Colonización y
Repoblación Interior sobre las provincias de Extremadura.
Parece evidente que las posibilidades colonizadoras del ámbito público eran mucho
menores. El propio informe resultaba revelador en sí mismo: la colonización de montes
públicos topaba con numerosos inconvenientes y en caso de llevar a cabo instalaciones en
las situaciones más favorables, éstas sólo ascendían a un misérrimo 2% de las que se
podrían llevar a cabo en las fincas privadas. En otras palabras, el Estado llegaba tarde a la
obra colonizadora y, si no se producía sobre terrenos privados, ésta estaría abocada, como
así fue, al fracaso.
Estos informes no pasaron de su publicación y no tuvieron efecto alguno sobre la
estructura de la propiedad de la tierra. Es más, varios de los montes públicos
potencialmente colonizables, como hemos visto, toparon con la pléyade de dificultades
administrativas y económicas que para municipios y pobladores suponían. Como vamos a
ver a continuación, la Dictadura de Primo de Rivera trató de ser más pragmática facilitando
la adquisición de fincas para su posterior parcelación; aunque sus resultados fueron algo
mejores que los logrados con la ley de 1907 no se puede decir que influyeran decisivamente
en la solución del problema agrario que llegó en alto grado de irredentismo a la compleja
coyuntura de los años 30.