La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Lo que interesa aquí es que tan bien estaba hecho el trabajo de 1931 acreditando los
términos de la reconstitución del patrimonio comunal, que, por ejemplo, el pueblo de
Talayuela ya tenía firmado el 25 de enero un expediente completo sujeto a la nueva ley
donde reivindicaba 14 fincas o parte de ellas que se ajustaban a lo prescrito por el decreto.
El día 28 era Logrosán quien firmaba el informe y ofrecía a la sociedad Agrícola La
Convencida para verificar “el asentamiento de campesinos concedidas en arrendamiento
colectivos a los afiliados a referidas sociedad, que con anterioridad ya lo tiene solicitado,
incluyendo con los derechos de tal a los actuales poseedores”. Además, proponían tres
prácticos mayores de 80 años para aportar datos. El 3 de febrero era Tornavacas quien
fundamenta su petición “en que los bienes que se pretenden rescatar pertenecieron por un
espacio de más de 70 años al aprovechamiento común de estos vecinos en virtud de la Real
Concesión que a los mismos les ha sido hecha por el Rey Carlos III” 550 .
Estos tres ejemplos y la celeridad con que se estaba procediendo corroborarían la
hipótesis de Robledo según la cual la FNTT y el PSOE son los verdaderos artífices de este
decreto, con el inestimable auxilio de Adolfo Vázquez Humasqué, el director del IRA.
Situación que queda evidenciada por el hecho de que en apenas tres o cuatro días se tiene
preparada toda la documentación como si los ayuntamientos socialistas hubieran estado
avisados del procedimiento establecido por el decreto de 21 de enero. Todas las fuentes
parecen apuntar a que se estaba perfilando un proyecto que no sólo se refería al rescate de
bienes comunales “sino a los restantes problemas referentes a esta clase de bienes como
son el de su ordenación, aprovechamiento, tributación...” 551 .
No se podía tachar al ministro Domingo de desconocedor de esta cuestión. Apenas una
década atrás, el ahora titular de la cartera de Agricultura había escrito referido a México:
“...La acumulación de tierras en manos de unos pocos prosiguió durante el siglo XIX con la desaparición de
la institución municipal, con la adjudicación de terrenos baldíos, con la creación de las compañías
deslindadoras, con la desigualdad de tributos, con el establecimiento del ferrocarril y la banca (...) ¿No es el
mismo caso de la desaparición de tierras comunales en España?” 552 .
Estaba claro que se trataba de un espinoso tema que dejaba traslucir las presiones de UGT-
FNTT para una rápida recomposición del patrimonio que permitiese arrendar masivamente
al sindicato socialista tierras suficientes como para frenar las alarmantes cifras de paro y
tratar de llevar el resto de las medidas de la Reforma por unos derroteros más livianos.
Además, las interferencias del Ministerio de Hacienda parecían evidentes: “habiéndose
producido por parte del Ministerio de Hacienda reclamaciones respecto a algunos aspectos
del rescate que pueden determinar la previa información de la Dirección de
Propiedades...” 553 . Y es que pasar por encima de los derechos de propiedad con un decreto
de rescate de bienes comunales significaba abrir masivamente los expedientes de bienes
nacionales de toda España y deshacer las transacciones que podían tener su origen setenta
años antes. El 8 de febrero un nuevo decreto anulaba el del 21, razón por la cual Ricardo
Robledo se ha referido a este conjunto como el “decreto fantasma”, que ponía fin hasta la
primavera de 1936 a las esperanzas de recomunalización y recuperación de tan ingente
patrimonio 554 .
550
Estos tres ejemplos, en ADGDR, Fondo Señoríos y Comunales, caja 21.
551
Así se expresaba la parte expositiva del Decreto de 8 de febrero de 1933 que anulaba el de 21 de enero. La existencia de
ese posible proyecto incluía también los aspectos sugeridos por la base 21, de carácter más forestal.
552
El Socialista, 18 de agosto de 1922. Citado por DELGADO LARIOS (1990): Art. Cit., pág. 517.
553
Ibídem.
554
Siguiendo con el cruce del relato de Alcalá-Zamora y Azaña, según la versión de aquél, Martínez Gil y Vázquez
Humasqué estaban “irritados e impacientes” por la no aprobación de la Ley de Rescate y los acusaba de haber pasado
falsamente el borrador a la firma del ministro y del presidente para luego poder rectificar a gusto en la Gaceta. Esta versión
en ROBLEDO (1996), pág. 298, lo que lleva a este autor a establecer una relación causa–efecto entre este hecho y el cese de