La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

219
“...señalar en los veinte días siguientes a su constitución, para cada término municipal, la extensión
superficial a partir de la cual pueda tener lugar la expropiación de cada una de las clases de fincas, en
secano y regadío, a que alude el apartado 13 de la base 5ª, teniendo en cuenta el censo obrero y las
necesidades de cada municipio” 744 .
Nos encontramos de nuevo con el asunto anteriormente reseñado de los plazos que se
fijaban a las Juntas —aún no estando formadas— para el cumplimiento de sus dos
principales cometidos: censo de campesinos y límites expropiables. Una vez más el caso de
la provincia de Cáceres nos permite objetivar la utopía del cumplimiento de los plazos. La
Junta Provincial se reúne por primera vez el 20 de abril de 1933 y hasta el 15 de septiembre
de aquel año no se publicaron los límites. Ciertamente no se tardó tanto como con el censo
de campesinos, pero la dilación en su publicación provocaba un nuevo marasmo. El Instituto
de Reforma Agraria había establecido un plazo de 30 días para que se inscribieran en el
Registro de la Propiedad Expropiable todas las fincas inclusas en los diferentes apartados
de la Base 5ª 745 . Cuando ni siquiera había comenzado a funcionar la Junta de Cáceres, un
decreto del Ministerio de Agricultura señalaba que se podía denunciar a quienes no hubieran
realizado las inscripciones 746 . Dicho de otra forma, las declaraciones de la totalidad de las
fincas debían estar ya realizadas cuando la Junta ni siquiera había establecido los límites
expropiables de acuerdo a las referencias fijadas por el apartado 13 de la Base 5ª. Según
López Ontiveros y Mata Olmo, esto provocó que el volumen de fincas declaradas fuera “más
alto que el que habría resultado de conocerse con antelación los citados límites” 747 .
Más que sobre los miembros de la Junta, era sobre el Instituto de Reforma Agraria
sobre quien recaía el desglose entre lo declarado por cada propietario y lo realmente
expropiable. Eso hacía que el Registro, al que nos referiremos más detenidamente, fuera
más bien “de lo potencialmente expropiable”, ya que sobre lo declarado era necesario
comprobar el exceso sobre los mínimos o máximos que la Junta Provincial permitía.
Estamos, pues, ante un ejemplo más en el que precipitación política por llevar adelante la
Reforma y complejidad técnica se unen a favor de los afectados por la misma, lo que
finalmente fue en beneficio suyo. Por esta razón, a los informes sobre recursos al Registro
de la Propiedad Expropiable, ingenieros y peritos de la delegación Provincial del IRA
debieron unir el estudio de la inclusión en el mismo del número exacto de hectáreas
declaradas. Cerca de 180 informes y más de 250000 hectáreas estudiadas en menos de
dos años son el resultado de que no se estableciera qué debía declararse antes de disponer
la elaboración del Registro 748 .
Y es que los límites fijados por la ley eran un tanto laxos. Desde luego, el hecho de
fijar los límites en secano de las “tierras dedicadas al cultivo herbáceo en alternativa” entre
las 300 y las 600 hectáreas y las “dehesas de pasto y labor con arbolado o sin él de 400 a
750 hectáreas” significaba poner en manos de las Juntas Provinciales un criterio más o
menos restrictivo. Está claro que el concepto de latifundio, al que ya nos hemos referido en
varios lugares de esta Memoria, no sólo es una cuestión cuantitativa. Los propietarios
extremeños defendían un mínimo de 300 hectáreas en secano para obtener algún
rendimiento en las dehesas llevadas en régimen mixto de labor, ganadería y montanera.
Pero establecer el margen de oscilación entre 300 y 600 hectáreas o 400 y 750 suponía, en
el caso de la provincia de Cáceres, que si se elegía —como así fue— el criterio mayor, la
744 Loc. Cit.
745 Orden de la Dirección General de Reforma Agraria de 30 de diciembre de 1932, publicada en la Gaceta de 1 de enero de
1933.
746 Decreto de 8 de abril de 1933, publicado en la Gaceta del día 9. El objetivo del mismo,entre otros, era señalar “algunas
garantías para evitar que la mala fe de denunciantes arbitrarios o de propietarios obstruccionistas de la Reforma recargue
inútilmente y en proporciones gigantescas la ardua labor que pesa sobre el Instituto”.
747 LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio y MATA OLMO, Rafael (1993): Propiedad de la tierra y reforma agraria en Córdoba
(1932-1936). Córdoba: Universidad, pág. 24.
748 ADGDR, Fondo Reforma Agraria Cáceres, Caja 48, Memoria del Servicio Provincial de Reforma Agraria de Cáceres, 1
de junio de 1935, pág. 4