La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Por lo visto en las Actas, parece que este tema de los recursos fue el más habitual.
Sin recoger en qué número, el 11 de enero se habla de diversos recursos de los propietarios
que fueron estimados por “haber cedido los propietarios tierras a los pequeños labradores
en cantidad inferior a 10 hectáreas” o por “falta de pago por los intensificadores” (sic) o “por
haber dispuesto los beneficiarios de tierras en mayor cantidad y en otros sitios”. Así pues,
parece que la oferta de recolocación de yunteros que habían participado en la intensificación
de cultivos iba quedando cada vez más estrangulada en manos de las argucias legales de
los propietarios. No extraña que el mismo vocal Granado, en compañía de otros grupos de
trabajadores del campo, acudieran hasta el Ministro y el Director del IRA para manifestarles,
a finales del siguiente mes “la angustiosa situación de la provincia” 1055 .
Muchos menos fueron los casos en los que la Junta Provincial tuvo que dictaminar
sobre otros asuntos relacionados con esta ley de yunteros de Giménez Fernández. Así, fue
habitual que se pidiera el resiembro sobre fincas que no habían sido, o que se intentara
barbechar cuando realmente lo único que se podía hacer es sembrar sobre rastrojos.
Igualmente conflictivo resultó la acreditación de si determinadas fincas habían sido o no ya
objeto de trabajos previos al 5 de noviembre, con lo que la Junta debió actuar como
mediadora y tasar las labores ya efectuadas.
Como en el caso de la ley de 11 de febrero de 1934, no faltó un detallado decreto del
nuevo ministro, Nicasio Velayos, garantizando el pago de las rentas 1056 . Por su parecido con
el ya comentado de 1934, consideramos que no es necesario detallar su contenido: la
responsabilidad empezaba en el yuntero y subsidiariamente ascendía a través de los
ayuntamientos hasta el IRA. Cuando éste se dispuso a determinar las rentas se encontró
con que los yunteros solicitaron con frecuencia que éstas fueran “la tercera parte de la del
año anterior, en atención a lo mediocre de las cosechas en pié”. Incluso en Malpartida de
Plasencia todos los beneficiarios de las fincas resembradas solicitaron “la reducción al
mínimo de la renta a pagar en algunos casos, y en otro la supresión de la misma pues las
cosechas que obtengan no alcanzarán a reponer los gastos de labores, semillas,
etcétera” 1057 . Los técnicos verificaron este particular e indicaron a sus superiores que desde
luego se tuviera en cuenta esta situación, lo que da idea de los casi nulos beneficios que el
resiembro pudo suponer para los yunteros cacereños.
En resumen, el largo epígono del decreto de Intensificación encarna cómo se fueron
derivando diversas funciones del Instituto de Reforma Agraria hacia las Juntas Provinciales.
El retrato que de la de Cáceres hemos tratado de realizar en estas líneas creemos que
puede dar una imagen bastante aproximada de la centralidad que la misma tuvo en el
desenvolvimiento de las distintas medidas que conformaban la Reforma Agraria.
1055 Vid. AYALA (2000): Op. Cit., volumen I, pág. 421, nota 386. La información procede del restaurado semanario
socialista cacereño Unión y Trabajo (Cáceres), en su número de 23 de febrero de 1935.
1056 Decreto de 31 de mayo de 1935 sobre intervención de cosechas y pago de rentas de las tierras concedidas con arreglo a la
Ley de Protección de los Yunteros y pequeños labradores de 21 de diciembre de 1934 (Gaceta de Madrid de 1 de junio de
1935).
1057 Datos para la determinación de rentas de las fincas de la provincia, resembradas con arreglo a la Ley de 21 de diciembre
de 1934. ADGDR, Fondo Reforma Agraria/Cáceres, legajo 0.1.