La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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3.4. La aportación de la Dictadura de Primo de Rivera
al problema agrario: el decreto de parcelaciones
En 1919 una ley francesa introducía una nueva figura jurídica en materia de reformismo
agrario. Los departamentos y municipios podían adquirir terrenos y posesiones rurales
procediendo a su parcelación y venta entre los trabajadores agrarios de la zona. Esta
medida llegaría a España de modo parecido pero de manera más tardía. La Dictadura de
Primo de Rivera heredó la fórmula de las colonias que progresivamente se había ido
asemejando a un reparto de terrenos “auxiliando a los colonos en las primeras labores de
roturación” 324 . Sin embargo, los primeros pasos en esta materia se asemejaron más a la
referencia francesa con la que comenzábamos este epígrafe. Mediante dos Reales
decretos leyes de 1 de diciembre de 1923 y de 1 de febrero de 1924 respectivamente,
los ayuntamientos podrían ceder parcelas de sus propios a los cabezas de familia cuyas
posesiones no superaran una hectárea, debiendo contar con una antigüedad de cuatro años
en el municipio 325 . Estamos ante una muestra más de recurrencia a los patrimonios públicos
para hacer frente al problema agrario. Como el trasfondo del uso agrícola o ganadero de los
montes públicos no dejó de estar presente, todavía unas instrucciones de 22 de mayo de
1924 señalaban que “podrían dedicarse a pastizales arbolados los montes de los pueblos,
en una extensión suficiente a las necesidades de la ganadería del vecindario”, lo que
igualmente, según Josefina Gómez Mendoza remataba la “inflexión municipalista” de los
técnicos forestales 326 .
Habría que esperar casi cuatro años a que la Dictadura tomara alguna medida de
entidad sobre la cuestión agraria. Para seguir sin trastocar el edificio de la propiedad
privada, se buscó la acción intermediaria de los sindicatos católicos. El célebre ideario de
crear muchos pequeños propietarios debía transformar en dueños de la tierra a los
arrendatarios sirviendo los sindicatos católicos como garantes del pago de la finca 327 .
En 1926, los asuntos “agrarios” pasaron a depender del Ministerio de Trabajo, a
través de una Dirección General, la de Acción Social Agraria y Emigración. Su creación
preveía la instauración de patronatos provinciales de Acción Social Agraria que dirigieran
sus miras a la mediación pública en el problema del campo. El Real decreto de 7 de enero
de 1927 da cuerpo legal —insistimos que en el cuarto año de régimen— a la nueva
institución, siendo ahora el objetivo la adquisición de fincas privadas ofrecidas por los
propietarios para su posterior parcelación. El Estado debía actuar de mediador y ofrecer las
garantías para el pago de la finca a sus dueños. Para Monclús y Oyón este texto legal
parece indicar la renuncia a la política colonizadora a favor de un acercamiento a la función
redistribuidora reclamada por los defensores de la reforma agraria clásica 328 . A favor de su
argumento está que en algunos casos las fincas parceladas traían tras de sí una larga
historia de conflictos. Ahora bien, estos mismos autores afirmaban hace algunos años que
“las parcelaciones de la Dictadura olvidaron casi por completo las zonas del sur de
España” 329 .
Así fue en el caso extremeño, ya que entre 1927 y 1930, la suma de todas las
superficies parceladas no alcanzaban la extensión de la colonia agrícola Cañamero, como
podemos comprobar en la tabla 3G.
324
ROBLEDO (1996): Loc. Cit., pág. 14.
325
MANGAS NAVAS (1994): Op. Cit., pág. 253.
326
GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1992): Ciencia y política de los montes españoles (1848-1936). Madrid: Icona, pág. 224.
327
ROBLEDO (1996): Ibídem, pág. 15.
328
En Historia y evolución..., pág. 80.
329
Historia agraria de la España Contemporánea..., pág. 357.