La lucha por la tierra - Biblioteca de la Universidad Complutense ...

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Este sistema de explotación, es el seguido desde el advenimiento del GMN en la finca Torilejo
sita en el término municipal de Logrosán y perteneciente al Excmo. Sr. Joaquín Fernández de Córdoba
y Osma, Duque de Arión.
Análogamente, en las fincas Majada Fría y Cabeza Gorda, ambas del término municipal de
Zorita y pertenecientes a D.Mariano Silva y Carvajal, Marqués de Santa Cruz, por estar desprovistas de
ganado, la Jefatura Provincial arrienda los pastos, y los antiguos asentados que renunciaron a su
calidad de tales en instancia de 6 de septiembre de 1938 y 30 de junio de dicho año, respectivamente,
se limitan a cultivar como arrendatarios la hoja de labor, fijándoseles en cada año, la renta
correspondiente” 1282 .
A partir de ahí comienzan las instancias de devolución y, con ellas, la supervisión por parte
del Estado de que todo estaba en orden: rentas, pagos, atrasos, apremios, etcétera. Por
ejemplo en el caso de Torilejo resurge de nuevo, como narrábamos en el capítulo 7º, el
control personal que sobre sus propiedades ejercía el Duque de Arión. Así, en julio de 1939
había exigido a Zorrilla que se le abonaran las rentas que se le debían desde que la finca
había sido liberada de zona roja y que se le devolviera el recargo del 20% de contribución
que tuvo que pagar en la rústica de los años 1934 a 1936 porque el IRA no se hizo cargo de
ella.
Viendo el SNREST que la devolución se les iba de las manos si se hacía como un
simple trasvase de poderes, se completó la orden de 7 de septiembre con unas
instrucciones que regulaban cómo hacer inventario de lo existente en las comunidades
(medios de producción incluidos aperos, ganados, estado de los cultivos) para realizar una
valoración de lo existente 1283 .Por lo demás, se fijaban criterios para el pago de las rentas
desde el comienzo de la guerra y se insistía en un escrupuloso respeto al procedimiento
administrativo en todo lo referente a citaciones y notificaciones.
La creación del INC y la fracasada ley de diciembre de 1939 de colonización de
grandes zonas conllevó que se diera rango de ley a la orden de 7 de septiembre mediante la
ley de 23 de febrero de 1940 sobre “devolución de fincas ocupadas por el extinguido
Instituto de Reforma Agraria” 1284 . Trataba de devolver las fincas de forma definitiva pero
manteniendo a los asentados en aquel momento:
“...En las fincas en que, aun dado el régimen legal de comunidad sea efectivo, continuarán también los
cultivadores, bien en este mismo régimen, si así conviniese al propietario, o transformándolos en el de
arrendamiento individual, siempre que no se presenten dificultades insuperables para la adopción de
uno u otro sistema, con las modificaciones que aquél considere oportunas o que imponga la realidad
económica de la explotación y previa autorización de las Delegaciones Provinciales del INC” 1285 .
En el artículo 4º se facultaba al ministro de Agricultura para que exceptuara de la devolución
a fincas que “bien por estar enclavadas en zonas regables” o bien “por reunir características
especiales de extensión o dominio” las hicieran declarables “de alto interés nacional”. Al
estar la cosecha en marcha, una orden de 6 de junio de 1940 regulaba el pago de rentas en
ese año y el procedimiento a seguir para su pago, reservándose el Estado en la provincia de
1282
Informe del SNREST de 14 de septiembre de 1939. ADGDR, Fondo Reforma Agraria-Cáceres, legajo 29/5. Firma el
informe el Subjefe de la Sección de Explotación, Ángel de Torrejón, ingeniero de la antigua Junta Central de Colonización,
buen amigo de Zorrilla y González Gil y que estuvo en Cañamero en 1923 cuando se inauguró la colonia como máximo
responsable de la misma.
1283
Firma las instrucciones Zorrilla el 27 de septiembre de 1939, Ibídem, legajo 29/4.
1284
Boletín Oficial de 6 de marzo.
1285
Artículo 3º. No tenía tampoco desperdicio la parte expositiva de la Ley que extractamos aquí: “la devolución está
claramente aconsejada por dictados de justicia que obligan a poner término a la arbitrariedad que decretó su ocupación o por
imperativos de orden económico, ya que debe constituir criterio fundamental no impulsar, ni intentar siquiera, el paso de
arrendatarios a propietarios —finalidad única que persigue el nuevo Estado— mientras no se reúnan en las tierras afectadas el
mínimo de condiciones necesarias para permitir un normal desenvolvimiento económico del cultivador, pues lo contrario
sería, como dijera José Antonio perpetuar la miseria de los que las labran”.