Su historia y su obra

atallones integrados por miembros de la burguesía, clase media y menestralía. Se trata
de una fuerza claramente política, recibida con recelo por el ejército regular, gran parte de
cuya oficialidad seguía siendo absolutista.
Este último dato lleva a considerar algunas causas de la persistente agitación de los
liberales, los cuales eran conscientes de la potencia social que guardaba el absolutismo y
de la posibilidad de su restauración. El temor y la suspicacia se agudizaban con motivo de
la mal velada hostilidad hacia el régimen de algunas autoridades —como el arzobispo
Arias Tejeiro—. La tensión se centró en la cuestión del proceso de Elio, al que se había
recluido en la Ciudadela para protegerlo de las iras populares, y en torno al cual se
anudaron los forcejeos de la jurisdicción civil frente a la militar, del Ayuntamiento frente
al Capitán General, y de los “moderados” frente a los “exaltados”. En noviembre de 1820,
unas manifestaciones multitudinarias organizadas por la “sociedad patriótica” en la plaza
de la Seo (o de la Constitución) obligaron a las autoridades a prometer un rápido juicio de
Elio y del arzobispo, y la deposición de los magistrados y funcionarios considerados
desafectos al régimen. Pero el ambiente se envenenó en los tiempos siguientes por el
enfrentamiento entre la Milicia y los regimientos de artillería, sospechosos de simpatías
absolutistas, culminando la tensión en los graves incidentes del 17 de marzo de 1822, en
que los soldados hicieron fuego contra la multitud. Era verdad que la conspiración
absolutista se fraguaba desde hacía tiempo, pero cuando los artilleros se decidieron al
pronunciamiento, lo hicieron de modo precipitado e ineficaz. El 30 de mayo se apoderaron
de la Ciudadela y pretendieron liberar a Elío, el cual se negó a participar en una empresa
descabellada. En efecto, la Ciudadela fue dominada por la Milicia y las partidas de
huertanos que manejaban los liberales, y el resultado de todo ello fue la imposición de los
“exaltados” que, en revancha, activaron el proceso de Elío, condenado a muerte en un
clima de apasionamiento, temor y coacciones. El antiguo Capitán General sufrió la pena
de garrote en los escombros del Palacio Real (desde entonces llamados las “muntanyetes
d’Elío”), formando en un martirologio absolutista que, junto al nutrido que ya existía
entre los liberales, ahondaba el odio ya difundido entre los valencianos.
Mientras en la población urbana se manifestaban estas tormentosas divisiones, en el
campo renacían los viejos problemas con el restablecimiento del régimen constitucional.
Al resucitarse la legislación de Cádiz, el conjunto del problema señorial se volvió a
plantear en las Cortes, donde los diputados valencianos —en particular, el ex regente
Francisco Císcar y el “exaltado” Felipe Benicio Navarro— tornaron a las tesis de sus
antecesores Lloret y Aparici, y defendieron el punto clave de que los títulos de propiedad
de las tierras debían presentarlos los señores y no los pueblos. Lo más significativo fue que,
sin esperar al resultado de los debates parlamentarios, los campesinos se negaran a pagar
cualquier tipo de exacción. Lo mismo hicieron los huertanos de Valencia respecto a los
“derechos de puertas”, provocando un motín (10 de marzo de 1820) que obligó a una
supresión temporal de los mismos. Parece evidente que la presión fiscal resultaba ya
insoportable para los labradores (41), dada la pobreza general, y en ésta se fundaba
también la proliferación de la guerrilla realista en 1822 y 1823 (en las comarcas alicantinas
del sur y en las tierras altas y pobres de Castellón). Las circunstancias unían en un mismo
fenómeno rural la pobreza y la guerrilla realista, y también en ocasiones el bandolerismo,
pues Jaime “el Barbudo” aparecía ahora como “general de la Fe”. Pero la partida
absolutista estaba nutrida principalmente por jornaleros sin trabajo o jóvenes de los