Su historia y su obra

garantía real. En tercer lugar, diversas razones pueden hacer más atractivo para un
establecimiento de crédito el trato con una gran empresa, teniendo en cuenta las
relaciones personales o de amistad que pueden ligar a grandes empresarios y directivos
bancarios, o las relaciones de capital que, en tantos casos, existen entre la gran empresa y
la Banca.
No obstante, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, junto con las
demás, tiene una mayor obligación que la Banca de intervenir en estos y otros aspectos, ya
que el carácter benéfico de la Caja y las necesidades de financiación del sector público de
la economía española determinaron un proceso de progresiva intervención pública en las
vertientes inversoras de estas instituciones. A continuación exponemos sintéticamente los
hitos más importantes, de carácter legislativo, que afectan a esta iniciativa.
Así, el Ministerio de Hacienda, mediante Orden de 20 de agosto de 1964, dictó
normas en virtud de las cuales se especifica la parte de los incrementos de recursos ajenos
de las Cajas que han de destinarse a cada sector en forma de préstamo, normas que hacían
extensivas, en algunos aspectos, a los créditos que las mismas conceden con fondos
procedentes del crédito oficial a pequeños empresarios agrícolas e industriales. La citada
Orden disponía que las Cajas destinarían el 17% a préstamos de carácter social, a los
empresarios agrícolas, a los artesanos, a las pequeñas empresas industriales y pesqueras, a
los cultivadores para impulsar las modernizaciones y a las cooperativas agrícolas e
industriales. De esta nueva normativa legal destaca ya una preocupación por orientar las
Cajas de Ahorro hacia la financiación de la pequeña y mediana empresa aunque el
esfuerzo resultase insuficiente (la cuantía máxima para estos préstamos era de 750.000
pesetas), en comparación con las enormes necesidades que siguen sin satisfacerse en este
campo.
A propósito de esta actividad legislativa y para dar a conocer las disposiciones que
comentamos, el Director General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia ya
en el mismo año de su publicación tuvo diversos contactos con los representantes más
calificados de la pequeña y mediana empresa, promoviendo en ellos la inquietud tendiente
a la renovación de las estructuras empresariales con la ayuda financiera de la Institución
(31). En este sentido la extraordinaria actuación de la Entidad en este orden mereció ser
recogida elogiosamente en el Coloquio Hispano-Francés de la pequeña y mediana empresa
celebrado en Madrid el año siguiente (32).
Posteriormente, por Orden de 28 de junio de 1967, se dividió este porcentaje en dos
grupos: uno para actividades agrícolas, con el 10%, y otro para actividades industriales,
con el 7%. Se observa, pues, que pese a la fijación de un mayor porcentaje para la
empresa agrícola, se registra una progresiva atención de las Cajas a la satisfacción de las
necesidades financieras de la empresa pequeña y mediana.
Más importante todavía es la ampliación de los recursos de las Cajas autorizados a
invertirse en esta finalidad. Así, la Orden de 13 de diciembre de 1967 rebaja el coeficiente
obligatorio de adquisición de fondos públicos del 50 al 45%, dedicándose el remanente a
aumentar los préstamos a la empresa pequeña y mediana (9%) y a los empresarios
agrícolas (13%).
En concreto estos préstamos los podía solicitar cualquier impositor de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia y pese a no determinar la garantía, la Orden de 20
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