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Marcela Lagarde y de los RíosCapítulo 2. Ciudadanía de las mujeresen su diversidad, no son vigentes en todas partes, no son del conocimiento dela mayoría de las personas contemporáneas en las partes aldeanas del mundoglobal y, aun establecidos, son violentados, tanto por las condiciones socialesde vida como por sujetos, fuerzas e instituciones cuyo poder se recrea precisamenteen ese atentado.En el umbral del milenio, las identidades colectivas no están cimentadas enuna filosofía política de los derechos humanos, y nuestras formas de vida estánmuy distantes de sus principios éticos. La mutilación consiste tambiénen la impotencia civilizada para hacer prevalecer su respeto, su práctica y suvigencia. Veamos una síntesis de los obstáculos que impiden la cultura y laconvivencia definidas por los derechos humanos: a pesar de ser universales, noabarcan a todas las personas contemporáneas.Su fuerza cultural y política es minoritaria frente a la política de la depredacióny a la cultura que legitima el oprobio y la impunidad. Las instituciones quedeben preservarlos son, en ocasiones, quienes los violentan o menos poderosasque aquellas que aseguran su eliminación o inexistencia. Es el caso de gobiernostotalitarios de países amparados en preceptos culturales de ideologíasreligiosas o laicas: violentan y excluyen a las personas y a categorías sociales.Así les sucede en los sistemas de castas, a las personas de las castas inferioresy a las descastadas, como las mujeres y los hombres intocables cuya condiciónhumana está basada en su exclusión y en su legítima carencia del cobijo de losderechos humanos.Los pueblos indígenas del mundo son identificados por su diferencia culturalconvertida en folklore de consumo. Pero no se aceptan sus derechos plenoscomo pueblos integrantes de Estados y de la llamada comunidad internacional.El Acuerdo 169 de la OIT responde a la lucha de pueblos de diversospaíses por su reconocimiento como pueblos y por legitimar en primer términosus derechos políticos y de identidad.Así por ejemplo, pese a que este acuerdo es ley suprema en México, el gobiernoinstala 60,000 soldados y su parafernalia militar para enviar al Congreso unaley que lo anule. Y mantiene bajo secuestro como rehenes no sólo a los pueblosinsurgentes sino a todos los pueblos indígenas mexicanos y al conjunto de lasociedad, y al país al borde de un colapso.95

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