La gestión ambientaL de carreteras en méxico - selome

Aprobación o en su caso adición a planes y
programas de manejo integral de residuos
sólidos domésticos: Ante los gobiernos municipales.
Además del exceso en trámites y complicaciones
para la atención de los mismos, otro factor importante
que genera atrasos en los tiempos de respuesta
de las autoridades y a veces la negativa de
éstas para otorgar los permisos, licencias y autorizaciones
que requieren los proyectos de carreteras
en México, es la ambigüedad y la falta de definición
clara y precisa de ciertos conceptos establecidos en
la legislación. Cuando no existe una definición expresa
del significado de un vocablo contemplado en
la normatividad, los promoventes quedan a expensas
de lo que los funcionarios públicos entiendan,
sepan, interpreten, consulten, deduzcan o infieran
sobre dichos vocablos, generando además de inseguridad
jurídica, resoluciones contradictorias y criterios
indefinidos de aplicación.
Esto sucede con frecuencia, al tener que cumplir
los promoventes con todos y cada uno de los instrumentos
normativos aplicables en una misma zona.
Para una mayor comprensión, se tratará de esquematizar
con un ejemplo: suponiendo que parte del
trazo de un proyecto carretero (que han analizado
previamente ingenieros civiles y habiendo escogido
la ruta más viable tanto económica como ambientalmente)
cruza un área natural protegida, que
se ubica en una zona considerada como forestal y
existe un criterio restrictivo en un ordenamiento
estatal que prohíbe las afectaciones al hábitat de
las especies de flora y fauna.
Aquí, lo primero que se tiene que dilucidar es el
significado de “afectación”. Si nos vamos al sentido
estricto del idioma, encontraremos en el diccionario
que “Afectación: f. acción de afectar” y “afectado:
aquejado, molestado”. Lo anterior nos llevaría en
el sentido más estricto a no poder realizar ninguna
actividad, ni siquiera caminar, pues afectaríamos el
hábitat de las especies de flora y fauna. Otro concepto
que debe quedar claro, en este ejemplo, es el
de hábitat, entendiendo por éste al “Lugar de condiciones
apropiadas para que viva un organismo,
especie o comunidad animal o vegetal”, significado
amplísimo que no nos permite establecer un límite
geográfico, resultando en la interpretación discrecional
de las autoridades ambientales que otorgan
o niegan las autorizaciones basadas en su idea personal
del significado de las palabras. De ahí que no
hay consistencia en los resolutivos de uno y otro
proyecto, o de la consideración de cuando afecta o
no a un ecosistema un proyecto carretero. Tampoco
hay congruencia en los requerimientos que se
hacen a los promoventes de proyectos similares,
pues la interpretación subjetiva de la autoridad al
momento de dictaminar, muchas veces sesga, involuntaria
o voluntariamente las resoluciones.
Por lo tanto, los criterios establecidos en la normatividad
ambiental se deben entender y visualizar
de manera general, atendiendo al ánimo del
legislador al establecer restricciones o condiciones
para la realización de las actividades comunes y
productivas de la sociedad, no con base en la facultad
discrecional de las autoridades o en el ánimo
que tengan al momento de analizar los expedientes
y documentos que los promoventes ingresan a
estudio. Por tales motivos, es importante retomar
la propuesta inicial en este apartado, en donde
consideramos que los proyectos carreteros deben
planearse y discutirse en primera instancia con las
autoridades locales (estatales y municipales); tanto
en términos jurídicos como ambientales, sin dejar
a un lado la participación organizada y constructiva
de la población en el sitio, quienes a final de cuentas
sufren las consecuencias negativas de un proyecto,
y no suelen ser los principales beneficiados
con éste.
Finalmente cabe señalar que existen herramientas
de planeación elaboradas con base en un
análisis de la vocación natural del terreno y las necesidades
sociales imperantes: el Ordenamiento
Ecológico y otros instrumentos de planeación territorial
(Planes de Desarrollo Urbano, etcétera);
no obstante, estos instrumentos, lejos de utilizarse
con fines de planeación, se utilizan generalmente
para verificar la congruencia de proyectos decididos
fuera del marco que el ordenamiento brinda,
buscando que los proyectos “encajen” en el marco
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