La gestión ambientaL de carreteras en méxico - selome

Para la industria financiera, hoy en día, una de las
tareas más importantes y desafiantes es proteger
su reputación, pues afecta las percepciones que
tienen el cliente, el proveedor y el mercado sobre
ésta y su valor; las relaciones de la empresa con su
cliente, socios y proveedores; y las ventas e ingresos
de la empresa. Adoptar los PE revela un deseo
estratégico de las compañías para adquirir reputación
positiva dentro del ambiente institucional y para
mejorar el diálogo con las ONGs (Hardenbrook,
2007; Nguyen, 2007).
Otra razón por la cual los bancos han adoptado
los PE, es por el deseo de disminuir los riesgos
de sus inversiones para asegurar el pago del
préstamo. Un proyecto que, por ejemplo, genera
degradación ambiental, expone al prestatario como
responsable, lo que le acarrea costos de honorarios
por su defensa y podría dificultar el pago del préstamo
(Hardenbrook, 2007).
Una de las dudas que han surgido respecto a los
PE, es que su implementación no ha sido del todo
transparente, a pesar de que éstos solicitan reportes
públicos al menos una vez al año. Esto le ha
permitido a algunos bancos disfrutar de los beneficios
de ser miembro de los PE sin tener que pagar
los costos del cumplimiento. Además, el lenguaje
ambiguo de los PE da pie a que se hagan interpretaciones
subjetivas y a que existan lagunas jurídicas
(Nguyen, 2007; Hardenbrook, 2007).
Por otra parte, en los PE no existen requerimientos
para el monitoreo independiente o para cualquier
otro mecanismo de cumplimiento. Además, si
el cliente de una EPFI decide no cumplir con ellos,
las comunidades afectadas no tienen ninguna instancia
a la que puedan recurrir, de modo que la violación
de los PE no implica castigo para el banco o
para el prestatario. Asimismo, la visión de los PE
se limita al financiamiento de proyectos (concepto
que no está definido en los PE), que es menos común
que otro tipo de préstamos, y se aplican únicamente
a los proyectos de 10 millones de dólares
o más (Nguyen, 2007; Hardenbrook, 2007; Equator
Principles, 2011). Estas restricciones permiten que
los EPFI continúen financiando actividades destructivas,
ya que otorgar financiamiento bajo una
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categoría distinta a la de “proyecto” o financiar actividades
de menos de 10 millones de dólares, no
aseguran que éstas se vayan a llevar a cabo de una
manera social y ambientalmente responsable.
Por último, la segmentación de un proyecto podría
encubrir el verdadero impacto ambiental de
sus actividades. Esto ocurre cuando una compañía
divide un proyecto en fases o en acciones individuales,
que se implementan al mismo tiempo.
Al fraccionarse el proyecto, el cliente podría estar
disfrazando el impacto ambiental del proyecto entero,
lo que podría conducir a una EPFI a financiar
advertida o inadvertidamente un proyecto que
podría repercutir severamente en el ecosistema
(Hardenbrook, 2007).
Las deficiencias mencionadas han permitido
que órganos adheridos a los PE hayan financiado
grandes proyectos destructivos, tal es el caso
de nueve EPFI, que costearon la construcción del
“Oleoducto de Bakú-Tbilisi-Ceyhan”. Este proyecto
devastó humedales que albergaban muchas
especies de animales en peligro de extinción y
provocó la muerte y el desplazamiento de la fauna
local. La cubierta que se utilizó en la construcción
del oleoducto era propensa a derrames y en 2003
se encontraron grietas en la construcción. Además,
gran parte de la población no fue notificada
acerca de la construcción, ni estaba enterada de
los derechos que tenían (Nguyen, 2007).
El “Proyecto de Oro Kainantu”, desarrollado
por Highland Pacifil Limited y financiado por ABN
AMRO, también refleja la mala organización y la
falta de transparencia que gira en torno a los PE. El
reacomodo de los habitantes locales para el avance
del proyecto provocó disputas con los dueños
de las tierras, pero la compañía llegó a un arreglo
con la comunidad local. Sin embargo, a pesar de
que Highland Pacific Limited incluyó algunas medidas
ambientales en su proyecto, ciertas ONGs
como Friends of Earth y Rainforest Action Network
calificaron al proyecto como fallido en el cumplimiento
de los PE (Langdon, 2007). Un órgano oficial
de vigilancia que certifique la transparencia y
el seguimiento de los PE, podría evitar este tipo
de especulaciones. Actualmente Banktrack, un