La gestión ambientaL de carreteras en méxico - selome

que las comunidades, que presuntamente pueden
resultar afectadas, “apoyen” la construcción de la
carretera, porque con ella se verán satisfechas algunas
de sus necesidades básicas, por ejemplo un
mayor y mejor acceso a servicios.
Como resultado de lo anterior, desarrolladores
e inversionistas tienen suficientes razones para
desincentivar sus inversiones en proyectos carreteros.
O en caso de que la ejecución del proyecto
resulte indispensable, se tiene que buscar condiciones
y diseño con diversas alternativas viables,
generalmente con un importante incremento en
costos. Todo ello debido a algunos preceptos en la
ley que resultan poco claros en términos de sustentabilidad.
Lo anterior responde a un serio problema de
aplicación del derecho ambiental y un mal entendido
desarrollo sustentable. Pero, evidentemente
existen soluciones viables, tangibles, aunque
su ejecución sea a mediano plazo. La más simple
y que es consecuencia de lo antes señalado es la
propuesta de que las leyes en materia ambiental se
diseñen de tal forma que contengan instrumentos
de carácter científico, económico, social y técnico.
Sin embargo, ello resulta difícil debido a la diversidad
de proyectos que se vinculan con el medio ambiente.
Debemos entonces buscar propuestas de
soluciones más viables, algunas de las cuales se
exponen a continuación a manera de ideas.
Trazos gruesos de la reforma pendiente
en materia ambiental
En el capítulo I de este libro se expuso lo que se
pretende lograr con cualquier legislación, es decir,
el “espíritu” de las normas legales; el cual está directamente
relacionado con la manera en que se
van a “traducir” los principios que le dan “vida” a
esa norma jurídica. Esos principios están recogidos
en la Constitución de un país y ella refleja precisamente
lo que en esencia es, y debe ser dicho país.
Una de las características más importantes de
las leyes es que reglan principios. Por ejemplo, la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente “pretende” reglar el principio: “todos los
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mexicanos tenemos derecho a gozar de un medio
ambiente adecuado” y, a partir de ese principio comienzan
a establecerse las formas de hacerlo. No
obstante, de nada serviría plantear reformas a las
leyes ambientales, si los principios constitucionales
no se modifican, pues de lo contrario serían “Inconstitucionales”.
Consecuentemente, se insiste en que lo que debe
cambiar son los principios constitucionales en
materia ambiental, desarrollo sustentable y transversalidad.
Ello es así porque la Constitución, al ser
“la ley suprema de toda la Unión” (Principio de supremacía
constitucional establecido en el artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos) es la que garantiza el respeto a los
derechos humanos en ella establecidos, entre los
que se encuentra el de gozar de un medio ambiente
adecuado y el de dedicarse a cualquier actividad
siendo lícita. Por otro, es en la Constitución, en la
que se regulan y se encuadran claramente los principios
de desarrollo sustentable y transversalidad.
Si se modificaran los principios constitucionales
apuntados, se tendría la necesidad de reformar todo
el marco normativo en materia ambiental; desde
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, y siguiendo con las demás leyes ambientales
hasta las Normas Oficiales Mexicanas.
Consecuentemente, se tendrían que adoptar y desarrollar
constitucionalmente los principios que se
han apuntado en este capítulo, tales como la necesidad
de que las autoridades mexicanas tomen
decisiones en el ámbito de sus atribuciones, considerando
siempre a:
(i) la ciencia como “traductora e intérprete” de la
ley natural;
(ii) la concertación y negociación social en los casos
que sea necesaria;
(iii) a los temas que resulten transversales en la
decisión a tomar;
(iv) al desarrollo y necesidades económicas que satisfacer;
y
(v) a la ponderación de los derechos involucrados
en la decisión. Estos temas tendrían que traducirse
en principios constitucionales, para formar parte de
la reforma ambiental que está pendiente en México.