La gestión ambientaL de carreteras en méxico - selome

forma las condiciones ambientales, a partir de la
información forjada en la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) o el Estudio Técnico Justificativo
(ETJ), entre otros, y está complementado con la información
expuesta en estos estudios.
Promovente, constructora y concesionaria, cada
uno adquiere responsabilidades sobre la protección
al ambiente con el resolutivo. En sus distintas fases,
los involucrados realizarán los trabajos y acciones
ambientales requeridas correspondientes a la etapa
del proyecto que se encuentre. Naturalmente el
primero será ineludible a cumplir cada una de las
medidas, al ser el representante legal del proyecto,
sin embrago, adquiere servicios con terceros que
ejecutarán trabajos en su materia como se requiera
y delimita los alcances de cada uno bajo acuerdos
contractuales.
No puede observarse y monitorearse el cumplimiento
de un resolutivo sin tener presentes dichos
documentos de los que se deriva tal resolución;
situación que puede encontrase en muchos proyectos
carreteros, donde solo se observan las especificaciones
relevantes contenidas en el cuerpo
del resolutivo y se prescinde de la MIA o el ETJ. Recordemos
que el resolutivo se suma y complementa
todo el estudio elaborado para el proyecto y sus
especificaciones, convirtiéndose en parte del mismo
y comprende las medidas detalladas en ellos.
Puntualiza aquellas medidas que por omisión no
están consideradas a realizarse en la evaluación
de impactos, responsabilizando al promovente su
aplicación. Generalmente los primeros incisos del
resolutivo obligan al promovente al cumplimiento
de todas las medidas de mitigación propuestas en
el estudio sometido a evaluación (MIA o ETJ), por lo
que el cumplimiento debe abarcarlas.
Actualmente, al presentar los estudios de impacto
ambiental, se solicitan planes y programas
ambientales específicos que se aplicarán al proyecto
como parte de las medidas de mitigación de los
impactos; el promovente debe tener presente que
su realización no es opcional, por lo que debe ser
considerarse, presupuestarse y administrarse al
inicio de cualquier actividad constructiva. Ejemplo
de estos son:
1 Programa de restauración y protección de
suelos,
2 Programa de rescate y liberación inmediata
de fauna silvestre,
3 Programa de reforestación,
4 Programa de manejo de residuos.
Así, la premisa del resolutivo se sitúa en la emisión
de una autorización de forma condicionada a
un promovente quien aplicará de manera oportuna
y mediata las medidas que declaró en el estudio
evaluado.
Ejemplo de ello es la existencia de la Condicionante
1, que cita: “…el promovente deberá cumplir
con todas y cada una de las medidas de mitigación
y compensación que propuso en la MIA, al considerarse
viables de instrumentarse y congruentes con
la protección al ambiente del Sistemas Ambiental
del proyecto…” situación que ya condiciona a realizar
todo aquello manifestado.
¿Quién lo vigila?
Es responsabilidad y obligación del Promovente, al
adquirir la respuesta de la Secretaría sobre su proyecto,
el consumar las especificaciones indicadas
en la resolución ambiental e informarle de la manera
y resultados de su acatamiento en su totalidad.
En contraparte, es responsabilidad de la autoridad,
a través de la PROFEPA, la inspección y vigilancia
(Capitulo IX Reglamento LGEEPA en Materia de
Evaluación del Impacto Ambiental) de las mismas
en los términos que se emitió y quien está facultada
para multar, sancionar o penalizar en caso de
valorar la insuficiencia de su cumplimiento; situación
que pudiese llevar al promovente a dificultades
en su obra por inobservancia de estas obligaciones
que incluso pueden implicar la suspensión de los
trabajos.
Un promovente consciente de esta situación
valorará el papel del resolutivo ambiental como
un instrumento con dos aristas; como documento
que autoriza la ejecución de un proyecto y, como
un documento que define obligaciones ante la autoridad,
donde la responsabilidad primordialmente
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