La gestión ambientaL de carreteras en méxico - selome

Coase afirma que la intervención del Estado usualmente
conlleva altos costos, incluso mayores que
el beneficio buscado. No obstante, en caso de que
se aceptara intervención estatal, no debería generalizarse
y se tendría que adaptar a las condiciones
de costo de la economía. Por tanto, cualquier
intervención pública que lleve a una situación ineficiente;
podrá revertirse a otra situación eficiente
vía negociación.
Para Coase, la intervención del Estado no siempre
es necesaria y a veces se debe permitir la externalidad.
Efectivamente, el límite para que se
permita una externalidad nos lo tendrá que decir
la propia naturaleza, a través del análisis científico
siempre tomando en cuenta la transversalidad.
Ahora bien, imaginemos por un momento que
las autoridades ambientales no intervengan y que
la constructora, habiendo internalizado en sus costos
de construcción la externalidad que va a emitir,
negocia. Evidentemente se llegará a un óptimo
social, ya que tomará en cuenta la transversalidad
que implica el proyecto. Pero si al desarrollador le
cuesta más caro la negociación que la intervención
del Estado, evidentemente no negociará, por
lo que solo si los costos de transacción son extremadamente
altos, puede tener sentido la implantación
de obligaciones (legales o reglamentarias)
por parte del Estado, protegiendo actividades que
para algunas personas puedan llegar a ser molestas,
porque se interpretan con base en un beneficio
público mayor. Obviamente, y en estos casos la
intervención resultará necesaria. Por lo tanto, solo
el canon de la Naturaleza (límite) nos puede guiar
para tomar la decisión correcta.
En otro escenario: Si el beneficio que se pudiera
obtener eliminando la externalidad fuera mayor
que el daño que se produce al eliminar la actividad
generadora de la misma, tiene sentido la intervención,
aunque en tal caso es mejor llegar a ese
óptimo mediante negociación. Es decir, para negociar,
será necesario que el daño que provoca la
construcción de la carretera sea menor que el daño
que se produjera si el Estado no permite la construcción.
Incluso, varios jueces se han pronunciado
a favor de la negociación. En su resolutivo sexto,
afirmaban los juzgadores que conforman La Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos, reunida en
la ciudad de Aguascalientes, Ags., en su XXVI Congreso
Nacional lo siguiente: “Sexto.- En el tránsito
hacia la modernidad jurídica y la eficiencia judicial,
los Poderes Judiciales deben incentivar los medios
alternativos de solución de conflictos, de modo
que, con base en el diálogo, las controversias
entre los justiciables se resuelvan pacíficamente y
en amigable composición”. (Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos, “Declaración de Aguascalientes
“Ezequiel a. Chávez” 2007”, IIJ-unam Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 2 de los
resolutivos).
La negociación maximiza el producto social, por
ello, es indiferente si una constructora que produce
un efecto dañino, se le impone una responsabilidad
por daños o no. En ambos casos se puede llegar a
una situación óptima. Lo más importante de la negociación
es que se produce a través de un proceso
espontáneo, por inercia de la gente. Así se reconoce,
en palabras de Coase, la naturaleza recíproca
a la hora de solucionar el problema de las externalidades,
a través de la negociación entre productor
y receptor de las mismas, lo que implicará una
compra-venta de derechos.
Pero para ello, esa negociación conduce a un resultado
y solo será viable con costos de transacción
o de negociación nulos, si y solo si los derechos de
propiedad se establecen claramente y puedan defenderse
en los tribunales (con independencia de
cuál sea esa distribución de derechos). Si bien, es
indiferente asignar responsabilidad por daños para
llegar a una situación de máxima eficiencia, no lo
es en cuanto al proceso de negociación.
Un ejemplo de la manera en que las autoridades
ambientales, en la mayoría de los casos actúan, es
si una industria (agente económico A) contamina
el terreno de un agricultor, vecino del predio colindante
al de la industria (agente económico B) y
existe una denuncia popular y en la última instancia
en el poder judicial, los tribunales determinan
la responsabilidad por daños del agente A porque
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