LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
A los problemas políticos, se debe agregar la crisis económica y social
que tenía el país en aquel momento. El sexenio de Luis Echeverría
que enterró el desarrollo estabilizador que previamente habían impulsado
otros presidentes de manera muy exitosa, al grado tal que dicha época es
identificada como “El Milagro Mexicano”, ya que se alcanzaron, en promedio,
tasas de crecimiento económico sostenidas del 7% anual, lo que
generó empleos, estabilidad de precios y en general el advenimiento de
una nueva clase media. En cambio, el sexenio echeverrista entregó inflación,
endeudamiento desproporcionado, desempleo y el fin de un ciclo de
éxito económico. Todo sucedió en 6 años, y en buena medida por la falta
de controles y equilibrios efectivos que limitaran las ocurrencias, excesos
y abusos de un presidente sin frenos institucionales.
En la política social, a pesar de tantos subsidios, la filantropía del Estado
de bienestar sufrió un recorte considerable en sus presupuestos, como
consecuencia del desastre económico que dejaba un gobierno que tenía
sobreendeudadas las finanzas nacionales.
Hacer más democrático y competitivo el acceso al poder público, pero
también evitar al México bronco, con un rompimiento social que pudiera
recrudecer el estado de ánimo con el que protestaron los jóvenes sobre
el fin de un sistema autoritario y represor en 1968, fue parte del objetivo
de aquel cambio que, al paso del tiempo, habilitó espacios y momentos
para la edificación de nuevas reformas que construyeron el nuevo sistema
electoral mexicano.
Es en este contexto en donde aparece por primera ocasión la referencia
normativa del derecho a la información pública, en el artículo 6º.
constitucional. En su origen, fue una prerrogativa pensada para funcionar
en favor de los partidos políticos y no de los ciudadanos, para que las también
llamadas entidades de interés público, tuvieran acceso garantizado a
los espacios que por ley debían ofrecer los medios de comunicación electrónica,
con el fin de promocionar el ideario político de cada organización
partidista.
La nueva disposición normativa “el derecho a la información será garantizado
por el Estado”, se refería en lo particular a una prerrogativa especial
que tenían los partidos políticos para socializar sus programas y
plataformas político electorales a través de los medios masivos de comunicación.
Afortunadamente, dicho precepto constitucional se incorporó en
el capítulo de las garantías individuales y no en el artículo 41, sobre los
principios de la soberanía y del gobierno representativo de la República, lo
cual posibilitó posteriormente, con la adopción de tratados internacionales
del Estado mexicano y del cambio de escenarios sociales y políticos, que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera nuevos criterios
y tesis jurisprudenciales para revertir el significado y alcance inicial
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