LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
En la actualidad, la doctrina identifica al orden público como un sistema
de técnicas legales que buscan preservar valores y derechos que
promueven el bien común, el interés general, frente a la autonomía de la
voluntad ilimitada que pueden ejercer intereses con fines eminentemente
particulares. 11
Desde la perspectiva doctrinal, se entiende entonces al orden público
como un concepto y un mecanismo legal a través del cual el Estado impide
que ciertos actos particulares afecten los intereses, principios y derechos
fundamentales de la sociedad, que son reconocidos por leyes de
aplicación universal y que están garantizados por el control constitucional
que ejercen los órganos jurisdiccionales facultados.
En la perspectiva jurisprudencial, el Poder Judicial de la Federación ha
reiterado en diversas tesis que el término orden público no constituye una
noción que pueda configurarse a partir de la declaración formal contenida
en una ley. Incluso, hace referencia a la ambigüedad del término, cuando
señala que es un concepto “jurídico indeterminado de imposible definición
cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que prevalezcan en el momento en que se realice la valoración”.
12 No obstante, reconoce que la naturaleza de una ley de orden público,
es la que hace prevalecer su aplicación a la del interés particular. 13
Tanto en las definiciones doctrinales, como en las diversas tesis jurisprudenciales
vigentes, hay uniformidad y concordancia para reconocer
que las leyes de orden público son creadas ex profeso para preservar, promover
y defender el interés social de una determinada comunidad política,
por medio de leyes que son impersonales, abstractas y de observancia
general, inhibiendo con ello la posible incursión de intereses particulares
que son ajenos al interés general de la población.
La segunda característica normativa que desarrolla la ley secundaria,
se refiere al ámbito de validez, a la observación y aplicación universal de
la norma en todo el territorio nacional, por medio de una ley general, que
tiene como fin distribuir competencias concurrentes entre los diversos órdenes
y niveles de gobierno, para hacer valer un sistema homogéneo de
reglas, bases y principios que favorecen consistentemente el ejercicio del
derecho a la información.
11 Rodríguez Mancini, Jorge, “Orden público económico”, en Enciclopedia Jurídica Latinoamericana,
coedición Porrúa-UNAM, México, 2006. p. 72.
12 Tesis: I.4o.A.63 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
agosto de 2005, p. 1956.
13 Tesis: I.3o.A.J/16, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo V, enero
de 1997, p. 383; y la tesis aislada de la Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, Quinta
Época, Tomo CXX, p. 590 (derivada del Amparo Civil 2995/45).
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