LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
La solicitud de ampliación de plazo es en todo momento extraordinaria,
los sujetos obligados deberán atender en todo momento el principio
de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias
vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados,
y que deben favorecer en todo tiempo a las personas la protección
más amplia. La Constitución señala en su artículo 6º. que toda la información
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es pública y solo podrá
ser reservada con temporalidad y por razones de interés público.
Los organismos garantes al evaluar las solicitudes excepcionales de
ampliación de los plazos para el cumplimiento de las resoluciones actuarán
bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y profesionalismo, establecidos en el artículo 8 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Principio de buena fe.
Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,
resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho
actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal
que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que
aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia
necesarios a los solicitantes, promuevan una cultura de transparencia,
coadyuven a transparentar la gestión pública, y actúen con diligencia,
profesionalidad y lealtad institucional. Los sujetos obligados realizarán las
acciones necesarias con el fin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción
del interés general y no defrauden la confianza de los individuos
en la gestión estatal.
Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención
no basta con que los recursos existan de manera formal, sino que
los mismos deben tener efectividad, en los términos de aquel precepto.
La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no
solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en
una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Esta Corte
ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para
combatir la violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridad
competente.
Por Gabriela Morales
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