LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
4. SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN
JURÍDICO MEXICANO.25
Es importante señalar que estas tesis jurisprudenciales mencionadas,
son consecuencia de los nuevos alcances que dio al sistema jurídico nacional,
la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH) en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, en donde estableció el
criterio que obliga al Poder Judicial mexicano para que ejerza un control
de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, la CoIDH estableció
un criterio obligatorio para que toda autoridad judicial federal o
estatal, sea instancia competente para conocer y velar por la adecuada
observación e implementación de los tratados internacionales regionales
en materia de derechos humanos, ante lo cual, las instancias jurisdiccionales
nacionales deben armonizar sus valoraciones interpretativas entre
las reglas del sistema Interamericano y el derecho nacional vigente para
proteger con la mayor amplitud posible los derechos fundamentales de las
personas.
En cumplimiento a esta resolución, la SCJN al resolver el expediente
Varios 912/2010, manifestó plena coincidencia con este precedente sobre
el control de convencionalidad; al respecto ha señalado lo siguiente:
Con base en el artículo 1º. constitucional reformado, todas
las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias,
se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales firmados por el Estado mexicano, en donde
la guía sea la adopción de la interpretación más favorable al
derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la
doctrina como el principio pro persona. 26
Es el caso que el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, ambos instrumentos internacionales que México
ha suscrito y ratificado, forman parte del bloque de convencionalidad al
que ya se ha hecho referencia, y en ambos casos hay total armonía con
lo establecido por los artículos 1º. y 6º. de la Constitución en materia de
derecho a la información pública, así como con la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, por lo que las autoridades
de los órganos garantes, tienen una nueva base, con nuevas guías de
interpretación, para resolver todo recurso presentado, siempre en favor
del peticionario, dado que se trata de la garantía de un derecho humano.
25 Tesis: P.LXX/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro
III, diciembre de 2011, p. 557.
26 Expediente Varios 912/2010. op. cit. nota 16.
40