LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
en que su contenido informa o permea a éste, de manera
que si el Texto Fundamental recoge un conjunto de valores y
principios, éstos irradian al resto del ordenamiento. 171
(El énfasis es propio.)
En conclusión es de establecer que el artículo 70 de la Ley en comento,
de una interpretación literal, sistemática y funcional se desprende
que hace una referencia clara a la obligación de diversos organismos del
Estado para otorgar a los particulares la información que sea requerida
y que coadyuve al desarrollo de la vida democrática dentro del país; es
por demás mencionar que de igual forma se requieren restricciones que
garanticen un eficaz ejercicio de este derecho, las cuales se encuentran
debidamente previstas mediante criterios establecidos de manera congruente
y eficaz, siempre en apego y respeto a los derechos fundamentales
de los justiciables.
Ahora bien, en lo que respecta al derecho comparado, resulta por demás
interesante recordar que en el caso de la identificación de información
pública, la Corte Constitucional Colombiana, dentro de la sentencia
identificada con la clave T/473/92, ha establecido que la misma no debe
constreñirse únicamente a la información que produzca el Estado, sino
que de igual forma se tome en consideración bajo esta tesitura, aquella
que administre o archive, salvo las disposiciones legalmente aplicables en
contrario.
En este orden de ideas y con relación al artículo octavo de la Constitución
federal, resulta pertinente establecer que con base en el proyecto
denominado “Gobierno Abierto” comprendido como una política pública
en la cual, todos los temas de gobierno deben ser transparentados permitiendo
un desarrollo en la participación y colaboración ciudadana en el
desarrollo del sistema democrático de gobierno; aunado a lo anterior y
bajo la premisa de que a mayor y mejor información, menor será el grado
de desconocimiento, con la integración de la política pública mencionada
y en apego al numeral octavo de la Constitución federal, se logrará que las
respuestas que emitan los entes obligados cumplan con características
tales como: confiabilidad, veracidad, congruencia, verificabilidad, entre
otras; toda vez que el derecho de petición establecido en dicho numeral
se observará fortalecido por la obligación de que las respuestas emitidas
sean acordes a la petición del justiciable de dichos rasgos.
171 Tesis: I.4o.A.42 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 3, marzo
de 2013, p. 1897.
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