LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental;
XVI. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados
en materia de acceso a la información y protección
de datos personales en términos de los artículos 6º., 116, fracción
VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a
que hace referencia el artículo 49 de la presente Ley;
XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo
108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y sus correlativos de las entidades federativas y municipios
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de
Gobierno la Ciudad de México;
XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
XX.
Información y Protección de Datos Personales;
Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo
45 de esta Ley, y
XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a
información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Comentario
Fracción I
El concepto de los ajustes razonables surgió en respuesta a las barreras
erigidas por el entorno físico o social y que resultan en una incapacidad
para una persona de realizar una función de manera convencional. Este
nuevo enfoque de derechos ha tenido su proyección jurídica, a escala
mundial, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006.
En el ámbito europeo, esa visión también ha tenido crecientemente
su reflejo en los últimos años, por medio de una serie de disposiciones
normativas propias, hecho que se ha reforzado al haber celebrado y ratificado,
tanto la Unión Europea como el Reino de España, respectivamente,
el citado tratado internacional.
La institución de los ajustes razonables lleva en sí misma su propio límite.
No todos los ajustes resultan obligados, solo procede imponer aquellos
que sean razonables. Las personas con capacidades distintas pueden
precisar adaptaciones o adecuaciones específicas del entorno para hacer
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