LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado
en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días,
contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse
hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia,
mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al
solicitante, antes de su vencimiento.
Comentario
El artículo establece los tiempos de respuesta de las solicitudes de información.
En principio, todas deben responderse en el lapso máximo de veinte
días hábiles, pero cuando existan razones fundadas, el sujeto obligado
podrá ampliar el plazo de respuesta diez días hábiles más, siempre que el
Comité de Transparencia lo apruebe. En relación con la anterior LFTAIPG,
la Ley General reduce el plazo por el cual se puede ampliar el período
de respuesta y establece el candado de que sea el Comité el que deba
aprobar dicha ampliación. Con ello, se busca desincentivar la dilación en
el procedimiento de acceso a la información y que el ejercicio del derecho
sea más rápido.
Respecto de la celeridad del procedimiento, existe una tesis aislada
de Tribunales Colegiados de Circuito 331 que señala como los “principios
básicos que rigen el acceso a la información los siguientes: 1. El derecho
de acceso a ésta es un derecho humano fundamental; 2. El proceso para
acceder a la información pública deberá ser simple, rápido y gratuito o de
bajo costo, y 3. Deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones,
las que solo se aplicarán cuando exista el riesgo de daño sustancial
a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés
público en general de tener acceso a la información…”. Si bien es cierto
que el término “rápido” no se encuentra en la legislación definido, debe
entenderse que el sujeto obligado realizará todas las acciones necesarias
para dar respuesta a las solicitudes de información de la manera más eficiente
y resuelta posible, sin dilatar en momento alguno el proceso.
Desde el año 2000, el Relator Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas
señaló que todas las agencias públicas deben establecer procedimientos
que aseguren el acceso a la información. De igual forma, que la ley de
331 Tesis: I.8o.A.131 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI,
octubre de 2007, p. 3345.
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