LEY GENERAL

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, COMENTADA
Ahora bien, la Ley General es de vanguardia al obligar a los servidores
públicos a cumplir con la obligación constitucional del artículo 6º. de
documentar las acciones que se derivan de sus funciones, competencias
o facultades. Cabe resaltar que, como ya se mencionó en el artículo 129,
esta obligación debe atenderse también desde lo que establezca la ley de
archivos correspondiente.
En relación con la obligación del sujeto obligado de entregar información
que no obra en sus archivos, existe una tesis aislada de Tribunales
Colegiados de Circuito 333 que señala que no debe interpretarse en el sentido
de “permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos
a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la
citada Ley, que señala que las dependencias y entidades solo estarán
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos
—los solicitados— y que la obligación de acceso a la información se dará
por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta
en el sitio donde se encuentren”. Al respecto, con la LGT subsiste el impedimento
de que el o la solicitante modifique su requerimiento de información
originario, pues supondría, más bien, una nueva solicitud. Sin embargo,
con la obligación que se establece en este artículo, las dependencias y
entidades sí podrían estar obligadas a generar la información si ésta debió
haber existido porque está relacionada con las funciones, competencias
o facultades de la autoridad a la cual le dirigió la solicitud de información.
En el caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs Brasil, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) estableció que “el
Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los
documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la
negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas
a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada
no existía. Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información,
los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente
las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho…”.
Asimismo, la CoIDH indicó que “alegar ante un requerimiento judicial (…)
la falta de prueba sobre la existencia de cierta información, sin haber indicado,
al menos, cuáles fueron las diligencias que realizó para confirmar o
no su existencia, posibilita la actuación discrecional y arbitraria del Estado
de facilitar o no determinada información, generando con ello inseguridad
jurídica respecto al ejercicio de ese derecho”.
La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública
se refiere a la información que no está en los archivos de un sujeto obligado
pero que sí debió haber existido por estar relacionada con su com-
333 Tesis I.8o.A.136 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX,
marzo de 2009, p. 2887.
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